El posible incremento del salario mínimo en un 19 % se convirtió en un nuevo foco de debate político entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, los gremios empresariales y los sindicatos, luego de que fracasara la concertación y el Ejecutivo quedara habilitado para definir el alza por decreto.

Tras no lograrse un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno asumió directamente la responsabilidad de fijar el aumento del salario mínimo para 2026. La decisión, que será anunciada entre el 29 y el 30 de diciembre, ha sido presentada por el Ejecutivo como una apuesta política alineada con su discurso de justicia social y defensa del “salario vital”.

El presidente Petro señaló recientemente que el aumento no se definirá únicamente con base en criterios económicos tradicionales, sino bajo estándares constitucionales y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el mandatario, el salario mínimo debe garantizar condiciones de vida dignas y responder al costo real de la canasta básica familiar, una postura que ha generado fuertes reacciones en sectores empresariales.

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha evitado confirmar una cifra concreta, aunque reconoció que se están evaluando escenarios que han dado pie a versiones sobre un incremento cercano al 19 %. “Estamos haciendo cálculos técnicos y jurídicos”, afirmó, en medio de críticas que acusan al Ejecutivo de usar el salario mínimo como bandera política.

La oposición y algunos gremios advierten que un aumento de esa magnitud podría tener efectos negativos en el empleo formal y en las pequeñas empresas. Sin embargo, desde sectores afines al Gobierno se defiende la medida como una corrección histórica frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En el escenario político, el debate por el salario mínimo se ha convertido en un nuevo pulso entre el modelo económico defendido por el Gobierno Petro y las visiones tradicionales del empresariado, en un contexto marcado por la polarización y el uso del decreto como herramienta para imponer decisiones clave.

De confirmarse un alza del 19 %, el salario mínimo pasaría a $1.693.965 y, con el auxilio de transporte, alcanzaría los $1.931.965, una cifra que, más allá de lo económico, podría convertirse en uno de los movimientos políticos más significativos del cierre del año.