El gobierno del presidente Donald Trump prepara un plan sin precedentes para ampliar de forma drástica la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos, mediante la reconversión de grandes almacenes industriales en centros de retención para inmigrantes, según reveló este miércoles The Washington Post.

De acuerdo con documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la estrategia permitiría la detención simultánea de hasta 80.000 personas antes de su deportación, como parte del plan de expulsiones masivas impulsado por la actual administración.

El borrador del plan contempla la habilitación de al menos siete instalaciones de gran tamaño, cada una con capacidad para entre 5.000 y 10.000 inmigrantes. Estas estarían ubicadas principalmente en estados gobernados por republicanos, aunque también se incluyen algunas jurisdicciones demócratas.

Entre las ciudades seleccionadas figuran Hutchins y Baytown, en Texas; Stafford, en Virginia; Kansas City, en Misuri; Glendale, en Arizona; Hammond, en Luisiana; y Social Circle, en Georgia. Además, ICE planea abrir otros centros más pequeños, con entre 500 y 1.500 camas, en Chester (Nueva York), Salt Lake City (Utah) y Los Fresnos (Texas).

Según el esquema propuesto, los inmigrantes serían trasladados inicialmente a centros de procesamiento durante varias semanas y luego enviados a estos almacenes, donde permanecerían hasta concretar su deportación.

Gestión privada y objetivos del plan

ICE prevé asociarse con empresas privadas para administrar las instalaciones. El documento revisado por The Washington Post señala que el objetivo es “minimizar costos, reducir los tiempos de procesamiento, limitar la duración de las estadías y acelerar las deportaciones”, garantizando al mismo tiempo condiciones de “seguridad, dignidad y respeto”.

Los almacenes serían remodelados para incluir áreas de alojamiento, duchas, comedores, cocinas, espacios recreativos y bibliotecas. La ubicación de los centros cerca de nodos logísticos clave permitiría, según las autoridades, agilizar los traslados y reducir gastos operativos.

Preocupación a nivel local

El anuncio ha generado inquietud en algunas comunidades. En Stafford, Virginia, autoridades locales advirtieron que cualquier instalación de este tipo deberá cumplir con las leyes de zonificación y los códigos de construcción vigentes.

“El impacto de la política migratoria federal se siente a nivel local”, señaló una funcionaria del condado, quien alertó sobre posibles efectos en la infraestructura, la seguridad pública y los servicios sociales.

El plan se enmarca en una ofensiva migratoria intensificada. Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que, desde el inicio del actual mandato el 20 de enero de 2025, más de 605.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos.