La Procuraduría General de la Nación anunció que hará acompañamiento institucional para garantizar los derechos de los recicladores en Bogotá y vigilar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, en medio de la tensión entre esta población y la Administración Distrital por la regulación del servicio de aseo.

El Ministerio Público informó que su actuación se enmarca en el proceso de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las entidades involucradas. Según explicó, la decisión de la Corte permite anticipar riesgos, proteger los avances logrados en favor de la población recicladora y contribuir a la continuidad del servicio público de aseo en la capital.

La Procuraduría resaltó el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), señalando que los desarrollos regulatorios que se adopten deben ajustarse a sus competencias constitucionales y legales. En ese sentido, subrayó la importancia de que cualquier cambio en el esquema del servicio se realice de manera gradual y ordenada, respetando los principios de progresividad y no regresividad establecidos por la Corte Constitucional.

El ente de control aclaró que su intervención no implica coadministrar ni sustituir las funciones de otras autoridades. Por el contrario, su labor se limitará a la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin interferir en las determinaciones técnicas, regulatorias o administrativas que correspondan a otras entidades del Estado.

Este pronunciamiento se produce tras los recientes desacuerdos entre el Distrito y organizaciones de recicladores, que derivaron en protestas y bloqueos el pasado 22 de diciembre. Frente a este escenario, la Procuraduría reiteró su disposición a respaldar espacios de articulación entre las partes y a ejercer vigilancia permanente para garantizar la protección de los derechos de esta población.

Por su parte, la Administración Distrital informó que desde el 23 de diciembre inició mesas de diálogo con los recicladores para revisar las modificaciones al Decreto 014 de 2023. En estos espacios participan entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con el objetivo de alcanzar acuerdos y resolver inquietudes, en beneficio del interés general y la seguridad jurídica.