El Congreso de la República retomará actividades en plena temporada decembrina para analizar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó el presidente del Senado, Lidio García, quien anunció la suspensión del receso legislativo y la convocatoria a una reunión el próximo 26 de diciembre con el fin de definir el calendario de sesiones y los debates de control político sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La decisión se produce luego de que la Corte Constitucional informara que no iniciará el estudio del decreto sino hasta después del 13 de enero, una vez finalice la vacancia judicial. Para García, el hecho de que el Gobierno haya declarado la emergencia en este periodo genera preocupación y obliga al Congreso a ejercer de inmediato su función de control político.

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El presidente del Senado cuestionó con dureza la oportunidad del decreto y calificó la decisión como una “fugadita”, al considerar que se adoptó cuando el Congreso y la Rama Judicial entraban en receso. Según García, el Legislativo ya dejó clara su posición al hundir la reforma tributaria y no avala la imposición de nuevos impuestos para cubrir el déficit presupuestal de 2026.

A su juicio, anunciar una emergencia económica en Navidad resulta especialmente delicado para el país, pero advirtió que ni las festividades ni las vacaciones impedirán que el Congreso convoque sesiones extraordinarias para examinar el articulado del decreto y los nuevos mecanismos de recaudo que propone el Gobierno.

“El camino no es cargar más a los colombianos con impuestos, sino gestionar mejor los recursos y reducir el gasto no esencial”, afirmó el senador liberal, al insistir en que el Congreso ha actuado con independencia y conforme a su mandato constitucional.

Choque con el Ejecutivo

Las declaraciones de García se dieron en medio de un nuevo cruce con el presidente Gustavo Petro, quien ha criticado al Congreso por bloquear sus reformas. Frente a esto, el presidente del Senado sostuvo que el Gobierno pretende un “Congreso arrodillado” y que el malestar del Ejecutivo obedece a la falta de mayorías parlamentarias.

Desde el Gobierno, el primero en reaccionar fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que el Congreso solo podrá iniciar formalmente el estudio del decreto una vez el Ejecutivo remita el informe de la declaratoria, tal como lo establece el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994. Según Benedetti, dicho informe aún no ha sido enviado.

El ministro también recordó que las sesiones virtuales solo son válidas en circunstancias excepcionales y aseguró que el Gobierno remitirá el informe en el momento oportuno, así como que los ministros firmantes del decreto asistirán a los debates que convoque el Congreso.

Con este anuncio, el decreto de emergencia económica se convierte en el eje de un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se desarrollará incluso durante las fiestas de fin de año. El encuentro del 26 de diciembre marcará el inicio de una confrontación política y jurídica que definirá el alcance del control del Congreso sobre las decisiones económicas del Gobierno.