El ministro de Hacienda, Germán Ávila, negó que el Gobierno Petro esté considerando subir el 4×1.000 al 5×1.000 y aseguró que esa versión es falsa. En medio de la emergencia económica, el debate se centra ahora en nuevos impuestos a los patrimonios más altos y en el choque con el Congreso.

Ávila explicó, en entrevistas radiales, que la información sobre un supuesto impuesto del 5×1.000 provino de un documento falso que no corresponde a ninguna iniciativa oficial del Ministerio de Hacienda. “Esta medida no está considerada”, recalcó, al intentar bajar la tensión generada por rumores que circularon tras la declaratoria de emergencia económica.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro. No se tocarán los movimientos financieros de los ciudadanos, pero sí se buscará que los sectores con mayor capacidad económica aporten más. En ese sentido, el ministro confirmó que el eje de las medidas de recaudo será un ajuste progresivo al impuesto al patrimonio, enfocado en los capitales más altos del país.

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La propuesta que evalúa el Ejecutivo contempla que los patrimonios hasta cierto umbral no paguen este impuesto, incluida la vivienda habitual. A partir de allí, las tarifas subirían de manera escalonada, llegando hasta el 5% para los patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos. Según Ávila, se trata de un modelo “totalmente progresivo” que busca proteger a los sectores medios y concentrar el esfuerzo fiscal en los más ricos.

El ministro también anticipó un mayor aporte del sector financiero, mediante una sobretasa adicional al impuesto de renta. Para el Gobierno, las altas utilidades de la banca justifican una mayor contribución en un momento de estrechez fiscal.

Más allá del componente técnico, el trasfondo es político. Ávila responsabilizó al Congreso por el desequilibrio fiscal, al recordar que el Presupuesto General fue aprobado con una ley de financiamiento que luego fue negada. Para el Ejecutivo, esa decisión dejó sin sustento los ingresos previstos y obligó a recurrir a la emergencia económica.

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Mientras la Corte Constitucional revisa el decreto, el Gobierno insiste en que no habrá 5×1.000 y que la disputa real está en quién debe pagar el costo de la crisis fiscal.