El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó oficialmente la emergencia económica por un periodo de 30 días, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso y ante lo que calificó como una inminente crisis fiscal.

Según el documento, la declaratoria responde a la imposibilidad de cubrir compromisos considerados no recortables dentro del presupuesto, entre ellos el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud y otras obligaciones del Estado. El Ejecutivo sostiene que la no aprobación de la reforma tributaria agravó el déficit y limitó las herramientas ordinarias para garantizar la prestación de servicios esenciales.

Con la emergencia económica, el Gobierno queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos cambios a impuestos existentes o la creación de nuevos tributos, varios de los cuales ya estaban contemplados en el proyecto de reforma que fue archivado por el Congreso el pasado 9 de diciembre.

El decreto señala que el país enfrenta una “incapacidad material y jurídica” para asegurar de manera continua y suficiente el goce efectivo de algunos derechos y la prestación de servicios públicos básicos, como consecuencia del deterioro de las finanzas públicas. En ese contexto, el Ejecutivo argumenta que la situación supera los mecanismos normales de gestión fiscal.

La reforma tributaria hundida buscaba recaudar cerca de 16,3 billones de pesos para cerrar el presupuesto de 2026. Su archivo dejó, según el Gobierno, un vacío que obliga a acudir a un estado de excepción previsto en la Constitución.

Una vez expedido, el decreto entra automáticamente en control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si se cumplen los requisitos de necesidad, proporcionalidad y conexidad. Aunque la rama judicial se encuentra en receso, el alto tribunal estudia la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para revisar la medida.

Petro defiende la decisión

Antes de la expedición formal del decreto, el presidente Petro defendió la emergencia económica en un mensaje público en el que responsabilizó tanto al Congreso como al Banco de la República del deterioro fiscal. Según el mandatario, el país arrastra un déficit primario desde gobiernos anteriores y enfrenta hoy una tasa de interés real superior al crecimiento económico, lo que hace insostenible la deuda.

Petro también advirtió que un eventual fallo en contra del decreto por parte de la Corte Constitucional tendría efectos negativos sobre la economía. Aseguró que tumbar la emergencia podría incrementar la percepción de riesgo país y profundizar la crisis fiscal. “No es una amenaza, sino simple economía”, afirmó.

El presidente reiteró que los recursos que se obtengan durante la emergencia deberán provenir de los sectores con mayores ingresos, retomando el enfoque de la reforma tributaria rechazada. Desde la oposición, sin embargo, se insiste en que el problema central no es la falta de ingresos, sino el nivel del gasto público.

La declaratoria abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras el país queda a la espera de las decisiones de la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la validez de la emergencia económica.