Los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron para definir cómo avanzará la revisión del decreto de emergencia económica radicado por el presidente Gustavo Petro, un trámite que marcará el futuro de la medida adoptada por el Gobierno para enfrentar la crisis fiscal.

La sesión, realizada de manera informal y virtual, tuvo como objetivo establecer el reparto del expediente y evaluar si el alto tribunal convoca una sala extraordinaria para estudiar el decreto durante la vacancia judicial, que se extiende hasta mediados de enero. De no hacerlo, el análisis de fondo quedaría aplazado para cuando se reanuden las labores ordinarias de la Corte.

El decreto fue radicado por el Gobierno el día anterior y declara el estado de emergencia económica por 30 días en todo el territorio nacional. Según el Ejecutivo, la decisión se fundamenta en una “inminente crisis fiscal” derivada del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, sumada a obligaciones que, según el Gobierno, no pueden ser recortadas, como el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud y otros compromisos presupuestales.

Con la declaratoria, el Ejecutivo quedó habilitado para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos cambios en materia tributaria. Sin embargo, la medida debe superar el control automático de constitucionalidad que ejerce la Corte, encargada de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para los estados de excepción, como la existencia de hechos sobrevinientes, imprevisibles y graves.

Durante la reunión, los magistrados también evaluaron la posibilidad de adoptar medidas cautelares, entre ellas una eventual suspensión provisional del decreto, solicitud que ha sido planteada en algunas de las acciones de inconstitucionalidad ya presentadas por juristas, gremios y dirigentes políticos.

Paralelamente, se realizó el sorteo para asignar el expediente a uno de los magistrados, quien tendrá a su cargo la elaboración de la ponencia que será discutida por la Sala Plena. Ese documento será clave para definir si la Corte avala o tumba la emergencia económica.

El decreto ha generado un intenso debate jurídico y político. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la medida es necesaria para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas. La decisión final de la Corte será determinante para el rumbo económico del país en las próximas semanas.