Chats revelados por El Tiempo volvieron a poner a la senadora Isabel Zuleta en el centro del debate político, tras conocerse mensajes en los que habría reclamado a la entonces ministra de Justicia por operativos oficiales realizados en la cárcel de Itagüí.

Las conversaciones, divulgadas este martes, están relacionadas con un megaoperativo antiextorsión adelantado por las autoridades en ese centro penitenciario, donde se decomisaron celulares, computadores y otros elementos prohibidos en poder de personas privadas de la libertad. En los mensajes, Zuleta habría cuestionado la ejecución de esos procedimientos en medio de los diálogos sociojurídicos que impulsa el Gobierno en Medellín y el Valle de Aburrá.

Uno de los textos atribuidos a la congresista señala: “Usted puede estar generando hoy que se acabe el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá y yo la hago responsable de ello, ministra”, en referencia directa a Ángela María Buitrago, quien ocupaba entonces la cartera de Justicia.

De acuerdo con la publicación, Zuleta manifestó su inconformidad por la realización de operativos carcelarios luego de anuncios del presidente Gustavo Petro sobre avances en procesos de diálogo con estructuras criminales en Antioquia. En otro mensaje citado, la senadora calificó como incoherente que se adelantara un “superoperativo” en la cárcel de Itagüí en ese momento específico.

Los chats sugieren que la congresista consideraba que estas acciones podían enviar un mensaje negativo a la población privada de la libertad y afectar los espacios de interlocución promovidos por el Ejecutivo. Las conversaciones no evidencian órdenes directas, pero sí reclamos dirigidos a la entonces ministra por permitir la ejecución de los procedimientos.

El reporte periodístico también recuerda un episodio ocurrido semanas después del nombramiento de Buitrago como ministra. Según El Tiempo, Zuleta la invitó a un coloquio en Medellín en el que apareció José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los jefes históricos de la Oficina de Envigado, condenado a 30 años de prisión por delitos como concierto para delinquir, secuestro extorsivo y homicidio.

La presencia del recluso, trasladado bajo custodia del Inpec, habría generado preguntas de la entonces ministra sobre las razones de su traslado y los costos que implicaba su participación en ese espacio de diálogo sociojurídico.

La divulgación de estos chats se suma a otras controversias que han rodeado a la senadora, entre ellas el acto público realizado el 21 de junio en la Plaza de la Alpujarra, en Medellín, donde participaron personas privadas de la libertad y que derivó en críticas y acciones ante instancias judiciales y disciplinarias. El contenido de las conversaciones conocidas ahora vuelve a abrir interrogantes sobre los límites entre la gestión política y las decisiones operativas del Estado.