La crisis del sistema de salud colombiano no es un fenómeno reciente ni atribuible exclusivamente al actual gobierno. Aunque el nuevo revés legislativo sufrido por la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro volvió a situar el tema en el centro del debate público, documentos oficiales y antecedentes institucionales demuestran que el deterioro del modelo de aseguramiento y financiación se arrastra desde hace más de una década.

Tras la decisión del Congreso, volvió a circular en redes sociales un video de la exministra de Salud Carolina Corcho, en el que, durante una entrevista concedida meses atrás a la periodista Darcy Quinn en La FM, sostuvo que la crisis del sistema no se originó en la actual administración, sino que había sido advertida con anterioridad por la Corte Constitucional y por la Contraloría General de la República. A partir de la reactivación de ese contenido, en Tendencia Política revisamos los informes oficiales del máximo órgano de control fiscal, con el fin de verificar la veracidad de esa afirmación, identificar el origen de las fallas estructurales del sistema y precisar qué alertas fueron formuladas desde el propio Estado y cuándo fueron ignoradas.

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Las señales tempranas del deterioro del sistema de salud sí quedaron documentadas en informes oficiales de la Contraloría General de la República correspondientes a las vigencias 2012 y 2014, en los cuales el ente de control emitió conceptos desfavorables sobre la gestión del Ministerio de Salud y Protección Social. En dichos informes se advirtieron graves debilidades en el manejo financiero y administrativo, especialmente en el control de los recursos públicos y en la supervisión del sistema de aseguramiento en salud.

En el caso de la vigencia 2012, la auditoría oficial al Ministerio de Salud evidenció inconsistencias contables de gran magnitud y fallas sustanciales en la rendición de cuentas, hasta el punto de que la Contraloría se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros, debido a la falta de información consolidada, a incertidumbres no reveladas y a errores que comprometían la razonabilidad de las cifras. El organismo de control alertó que la ausencia de información financiera confiable y de mecanismos efectivos de seguimiento y control fiscal constituía un riesgo para la sostenibilidad del sistema y para la adecuada prestación de los servicios de salud.

Casos de corrupción que profundizaron la crisis

El deterioro del sistema de salud no estuvo asociado únicamente a fallas técnicas o administrativas. Uno de los episodios más graves que evidenció problemas estructurales de control fue el caso Saludcoop, ampliamente documentado por los organismos de control y considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del sector salud en Colombia.

La Contraloría General de la República estableció que Saludcoop desvió aproximadamente $1,4 billones de pesos en recursos públicos de la salud hacia fines distintos a los autorizados por la ley, entre ellos inversiones privadas, adquisición de activos y gastos ajenos a la atención de los afiliados. Según el ente de control, estas prácticas afectaron la liquidez del sistema, perjudicaron a hospitales y prestadores de servicios y pusieron en evidencia fallas graves en los mecanismos de vigilancia, inspección y control del Estado.

Aunque el escándalo se hizo público antes de 2012, la Contraloría advirtió que sus efectos financieros y administrativos se prolongaron durante varios años, tanto por la magnitud de los recursos comprometidos como por el impacto que tuvo la liquidación de la EPS sobre el sistema. Estos hechos contribuyeron al deterioro de la sostenibilidad financiera y debilitaron la confianza en el modelo de aseguramiento basado en intermediarios privados.

Hallazgos reiterados y advertencias persistentes

Lejos de corregirse, varias de las fallas identificadas en años anteriores persistieron en las vigencias siguientes. Nuevos informes de la Contraloría General de la República, en particular el correspondiente a 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, volvieron a emitir un concepto desfavorable sobre la gestión del Ministerio de Salud y Protección Social, cartera a cargo del exministro Alejandro Gaviria (que ocupó entre 2012 y 2018), señalando deficiencias en el control interno, debilidades en la gestión de deudas y pagos, y falencias en la supervisión del uso de los recursos del sistema de aseguramiento en salud.

Las auditorías de ese periodo identificaron inconsistencias contables por aproximadamente $1,7 billones de pesos, así como debilidades estructurales en los mecanismos de seguimiento financiero y en las herramientas disponibles para el cobro y recuperación de cartera. La Contraloría también advirtió problemas en la calidad de la información, incluidos errores y limitaciones en los registros de afiliación, que afectaban la confiabilidad de los datos sobre cobertura y la adecuada asignación de recursos públicos.

Pese a la reiteración de estos hallazgos, el ente de control concluyó que las acciones correctivas adoptadas por la entidad auditada resultaban insuficientes o parciales, razón por la cual no feneció la cuenta fiscal de 2014 y mantuvo sus observaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

En los años posteriores, el sistema de salud continuó operando bajo tensiones estructurales ya identificadas, en un contexto de crecientes dificultades financieras. Aunque se adoptaron medidas puntuales para mitigar la crisis —como inyecciones de recursos y programas de saneamiento de deudas—, los organismos de control y distintos informes oficiales coincidieron en que no se produjeron transformaciones estructurales capaces de corregir las fallas de fondo.

Durante ese periodo persistieron las deudas entre EPS y prestadores, el crecimiento de la cartera vencida y la fragilidad financiera de numerosos hospitales públicos, especialmente en regiones. El sistema logró mantenerse en funcionamiento, pero lo hizo mediante mecanismos de contención y ajustes temporales, sin resolver los problemas estructurales que habían sido advertidos desde comienzos de la década.

La pandemia y la profundización de la crisis

La llegada de la pandemia de la Covid-19 encontró al sistema de salud colombiano con debilidades financieras y administrativas acumuladas. La presión extraordinaria sobre los servicios, el aumento del gasto en atención y las tensiones en el flujo de recursos profundizaron una fragilidad que ya tenía carácter estructural. Si bien el sistema logró responder al reto sanitario en términos de cobertura y capacidad hospitalaria, los problemas financieros se hicieron más visibles una vez superada la fase más crítica de la emergencia.

En los años posteriores, las dificultades para garantizar pagos oportunos, la intervención de varias EPS y las crecientes tensiones en hospitales y clínicas confirmaron un deterioro progresivo que no se originó en la pandemia, sino que venía gestándose desde años atrás. La crisis actual, percibida por usuarios y prestadores, aparece así como el resultado acumulado de advertencias reiteradas, omisiones institucionales y correctivos parciales que no lograron resolver las fallas de fondo del sistema.

El debate que hoy rodea la reforma a la salud, se desarrolla en ese contexto, sobre un sistema que ya mostraba señales claras de desgaste antes de la emergencia sanitaria. Los documentos oficiales revisados indican que la discusión de fondo no es únicamente legislativa, sino estructural, y que el desafío pendiente sigue siendo cómo corregir problemas que el propio Estado ha venido diagnosticando y señalando, desde hace más de una década.