El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la formalización del decreto de emergencia económica, una medida adoptada por el Gobierno Nacional como respuesta inmediata al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Según el alto funcionario, el documento ya cuenta con el respaldo de todo el gabinete ministerial y fue radicado ante las instancias correspondientes para iniciar su curso legal.

Durante su intervención, el jefe de la cartera política precisó el cronograma de la decisión. “El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y quedó radicado el día de ayer”, manifestó Benedetti, subrayando que la celeridad del proceso responde a la necesidad de estabilizar las finanzas del Estado de cara al próximo año.

El ministro fue enfático en señalar que el objetivo principal de este decreto es la captación de recursos a través de gravámenes específicos. Benedetti defendió la naturaleza de la medida, asegurando que el diseño de los nuevos tributos no afectará a los ciudadanos de ingresos medios, centrando la carga fiscal exclusivamente en los sectores con mayor capacidad económica del país.

“Básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos y no a la clase media”, declaró el funcionario. Con esta afirmación, el ministro buscó desestimar las alertas emitidas por sectores de la oposición y diversos gremios empresariales que han manifestado su preocupación por el impacto de la emergencia en la economía general.

Para el Ministerio del Interior, la urgencia de radicar este decreto radica en el cumplimiento de las obligaciones crediticias internacionales. Benedetti advirtió que no asegurar estos fondos pondría en riesgo la calificación crediticia de Colombia y encarecería el costo del endeudamiento, lo que se vería reflejado directamente en el valor de los bonos nacionales.

Asimismo, el ministro vinculó la falta de estos recursos con posibles frenos en el desarrollo del país. Según sus declaraciones, la prioridad constitucional de pagar la deuda pública obligaría a postergar grandes proyectos de infraestructura, como las vías de cuarta generación (4G), ante la falta de flujo presupuestal suficiente.

Este movimiento del Ejecutivo ocurre en un clima de alta polarización política, mientras el país comienza a perfilar sus posturas de cara a los comicios de 2026. El decreto ahora queda sujeto a la revisión de constitucionalidad, un paso determinante para su vigencia definitiva.