La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional tomó la determinación de mantener vigente el incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Tras evaluar los informes presentados por la cartera, el alto tribunal concluyó que no existen evidencias de un cumplimiento real y material de las órdenes impartidas para estabilizar el financiamiento del sistema sanitario en Colombia.

El núcleo de la controversia radica en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el rubro que el Estado gira por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud. Según la providencia, el Ministerio dispone ahora de un plazo perentorio de 48 horas para subsanar las deficiencias técnicas en el cálculo de estos recursos y garantizar que los montos asignados sean suficientes para la operación de los regímenes contributivo y subsidiado.

La decisión judicial, liderada por el magistrado Carlos Camargo Assis, no se limita a una advertencia administrativa. La Sala fue enfática en señalar tres puntos críticos que el ministro Jaramillo debe resolver de manera inmediata para evitar consecuencias legales mayores:

• Fiabilidad técnica: Se exige corregir de forma definitiva los errores en los sistemas de información que impiden un cálculo preciso y transparente de la UPC.
• Suficiencia financiera: El Gobierno debe asegurar que el valor asignado responda a las necesidades reales de atención de los pacientes, bajo los parámetros de sostenibilidad ordenados previamente.
• Equiparación de regímenes: Mientras no se demuestre la suficiencia técnica del régimen subsidiado, este deberá nivelarse al 95 % del valor del régimen contributivo para reducir las brechas de atención.

Escenario de posibles sanciones

A pesar de que el informe enviado previamente por el Ministerio de Salud solicitaba el archivo del proceso alegando cumplimiento, la Corte calificó las medidas reportadas como insuficientes. Aunque el tribunal aclaró que el objetivo primordial del incidente de desacato es la protección del derecho fundamental a la salud y no la sanción en sí misma, recordó que el incumplimiento persistente activará las medidas legales correspondientes contra el jefe de la cartera.

Este endurecimiento de la postura judicial ocurre en un contexto de alta sensibilidad política en el país, marcado por el debate de la reforma a la salud y el posicionamiento de los sectores de cara a la contienda electoral de 2026. La viabilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) depende directamente de las decisiones que se tomen en estas 48 horas.

El proceso entra ahora en una fase probatoria definitiva y la Corte ha decretado la realización de una mesa técnica para verificar la veracidad de los datos que entregue el Gobierno Nacional. El caso sigue bajo estricta vigilancia judicial.