La posibilidad de que el Gobierno nacional decrete una emergencia económica ya comienza a generar movimientos en la rama judicial, incluso en medio de la vacancia. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando la convocatoria de una sala plena extraordinaria la próxima semana para iniciar el análisis del decreto, en caso de que el Ejecutivo lo expida oficialmente.

La Corte Constitucional entró en vacancia judicial desde este viernes y retomará su agenda ordinaria el 10 de enero. No obstante, fuentes de la Blu Radio señalan que el alto tribunal podría interrumpir el receso, debido a que la Constitución obliga a revisar de oficio cualquier estado de excepción, incluida una eventual emergencia económica.

Hasta ahora, la declaratoria se mantiene en etapa de borrador. El Gobierno analiza la medida como una alternativa para cubrir un faltante presupuestal estimado en 16,3 billones de pesos para el año 2026, luego de que el Congreso archivara la reforma tributaria el pasado 9 de diciembre.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado que la emergencia económica buscaría compensar los recursos que, a juicio del Ejecutivo, quedaron sin respaldo tras la decisión del Legislativo. Desde entonces, el Gobierno ha evaluado distintos caminos para estabilizar las finanzas públicas.

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El papel de la Corte Constitucional

De emitirse el decreto, la Corte Constitucional deberá revisar automáticamente su constitucionalidad. El análisis se centrará en determinar si la medida responde a un hecho sobreviniente, si cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad, y si las disposiciones adoptadas respetan los límites temporales previstos por la Carta Política.

Aunque este tipo de revisiones suele extenderse por varias semanas, el presidente del alto tribunal estaría considerando convocar de manera anticipada a los magistrados de la Sala Plena, aun durante la vacancia judicial, para preparar el estudio del caso.

Ibáñez ha mantenido en el pasado choques institucionales con el presidente Gustavo Petro, especialmente por cuestionamientos del mandatario a decisiones judiciales adversas a iniciativas del Gobierno.

Las medidas que contempla el borrador

El proyecto de decreto incluiría un paquete de medidas tributarias con vigencia en 2026. Entre ellas se encuentra el aumento del gravamen a los movimientos financieros del 4×1.000 al 5×1.000, así como un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con activos iguales o superiores a 40.000 UVT.

También se plantean nuevos impuestos al IVA en juegos de azar en línea, al consumo de licores, cigarrillos y vapeadores. Si el decreto se formaliza, el debate jurídico se trasladará a la Corte Constitucional, que deberá definir si la emergencia cumple o no los requisitos constitucionales.