Un juez de Barranquilla decidió no imponer medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en el proceso que se adelanta por el denominado caso Fucoso, relacionado con un presunto direccionamiento irregular de contratos cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, luego de evaluar la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que había pedido su reclusión preventiva por el delito de peculado por apropiación, entre otros cargos asociados a la contratación pública.

Durante la audiencia, el juez concluyó que no se acreditaron de manera suficiente los requisitos legales para ordenar la privación de la libertad. En particular, señaló que la Fiscalía no logró demostrar un riesgo actual e inminente de fuga ni una posible obstrucción a la justicia por parte del procesado.

El despacho judicial cuestionó el argumento del ente acusador sobre una eventual capacidad de evadir a la justicia, al considerar que los elementos presentados se basaban en hechos de hace varios años y que, pese a ese escenario, Nicolás Petro ha permanecido en el país y ha atendido las citaciones judiciales, incluso durante el actual gobierno.

Aunque continuará el proceso en libertad, el juez impuso varias medidas restrictivas. Entre ellas, la obligación de comparecer ante las autoridades cuando sea requerido, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y limitaciones para comunicarse con algunos de los otros implicados en el expediente.

Nicolás Petro seguirá vinculado formalmente a la investigación por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, además de peculado por apropiación. Los hechos investigados se relacionan con presuntas irregularidades en convenios celebrados entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

En el proceso también figuran otros exfuncionarios departamentales, directivos de la fundación y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, en el marco de una investigación que busca establecer si existió un esquema para desviar recursos públicos mediante contratos direccionados durante el periodo en que Petro Burgos ejerció como diputado.