El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está obligado a notificar ni a solicitar autorización del Congreso para ordenar eventuales ataques contra objetivos vinculados al narcotráfico en Venezuela, en medio de una creciente escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario señaló que no tendría inconveniente en informar al Legislativo, pero dejó claro que no lo considera un requisito. “No me importaría contárselo, pero no tengo por qué hacerlo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por posibles filtraciones de información sensible si se comparte con anticipación.

Las declaraciones se producen luego de varios días de mensajes y decisiones que han elevado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo el anuncio de un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan de puertos venezolanos.

Trump ha reiterado que su administración considera al régimen venezolano como un actor central en redes internacionales de narcotráfico. Bajo ese argumento, desde mediados de año ordenó un amplio despliegue militar en el Caribe, oficialmente destinado a combatir el tráfico de drogas en la región.

En ese contexto, Estados Unidos ha ejecutado bombardeos contra embarcaciones señaladas como “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que, según reportes oficiales, han dejado decenas de muertos entre sus tripulantes. Washington sostiene que se trata de acciones legítimas contra estructuras criminales, mientras que Caracas las denuncia como agresiones encubiertas.

Las afirmaciones del mandatario estadounidense llegan en un momento de alta tensión regional, marcado por el reforzamiento de la presencia naval de EE. UU. en el Caribe, el endurecimiento de sanciones contra Venezuela y las advertencias cruzadas desde Caracas sobre una posible intervención extranjera.

Mientras tanto, el gobierno venezolano insiste en que las acciones de Washington buscan un cambio de régimen y el control de sus recursos energéticos, y ha solicitado respaldo internacional para frenar lo que considera una amenaza directa a su soberanía.