El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), en el marco del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La determinación no constituye una sentencia condenatoria, sino una medida de aseguramiento que busca garantizar la comparecencia de los investigados y proteger el desarrollo de la investigación. Ambos exfuncionarios están siendo procesados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que fueron imputados previamente por la Fiscalía y que los exministros no aceptaron.

Durante la audiencia, la magistrada Rosero consideró que, de acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía, no resultaban suficientes medidas menos restrictivas de la libertad. En su análisis, el Tribunal valoró la gravedad de los hechos investigados y el rol que habrían tenido los exministros desde carteras estratégicas del Gobierno nacional, lo que, a juicio de la Sala, justifica la imposición de una medida privativa de la libertad mientras continúa el proceso.

La defensa de Bonilla y Velasco aún podrá interponer los recursos correspondientes y solicitar revisiones sobre las condiciones de la medida, incluidas eventuales solicitudes de detención domiciliaria, que deberán ser evaluadas en audiencias posteriores.

El contexto del caso UNGRD

La investigación se enmarca en el escándalo de la UNGRD, que indaga un presunto esquema de direccionamiento de contratos y uso indebido de recursos públicos. Según la tesis de la Fiscalía, estos hechos habrían tenido impacto en decisiones políticas y en la asignación de proyectos, con posibles conexiones con entidades como el Invías y con la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

En el expediente figuran declaraciones de exfuncionarios ya vinculados al caso y referencias a reuniones de alto nivel que hacen parte del contexto investigado. El proceso aún se encuentra en fase preliminar y deberá avanzar hacia la audiencia de acusación, en la que se definirá si el caso pasa a juicio.

La decisión del Tribunal marca uno de los momentos judiciales más relevantes del caso, al involucrar directamente a dos exministros y reforzar el alcance del proceso penal por el manejo de recursos públicos en una de las entidades más sensibles del Estado.