La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República anunciaron la apertura de investigaciones tras las denuncias presentadas por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y gerente encargada del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, relacionadas con contratos que tendrían ejecución presupuestal del 0 %.

Las alertas recaen sobre varios proyectos considerados estratégicos —Hidrodinámica, Senderos para la Paz, La Mojana y la Ruta del Arroz— cuyos montos, en conjunto, superarían los $100.000 millones en recursos públicos comprometidos, sin que se evidencie avance en su ejecución.

La Procuraduría informó que adelantará indagaciones previas para revisar no solo la ejecución contractual, sino también posibles presiones e interferencias políticas en los procesos de adjudicación. Dentro de ese análisis se evaluará la eventual participación de la Fundación San José y una presunta interferencia en la interventoría para favorecer a determinados contratistas.

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Por su parte, la Contraloría General anunció la apertura de una o varias indagaciones preliminares con el objetivo de establecer si los hechos denunciados podrían configurar un presunto daño fiscal y si ameritan el inicio de procesos de responsabilidad fiscal.

Según el ente de control fiscal, las investigaciones buscan determinar la correcta ejecución de los recursos destinados a la atención de los efectos del fenómeno de La Niña, así como a las afectaciones registradas en La Mojana y otras regiones del país.

Un informe que sacudió al Gobierno

El informe presentado por Angie Rodríguez expone una baja ejecución presupuestal y posibles irregularidades en proyectos clave del Fondo Adaptación, entidad creada en 2010 tras la emergencia del fenómeno de La Niña, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales y al cambio climático.

Las denuncias tuvieron un impacto inmediato en el Gobierno, al desatar una nueva controversia interna en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Uno de los capítulos más sensibles del documento apunta a la gestión del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien fue gerente del Fondo Adaptación. En ese contexto, la situación derivó en una confrontación pública con el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien Carrillo señaló de presuntas interferencias políticas en la entidad. Carrillo ha rechazado las acusaciones en su contra y las ha calificado de infundadas.

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Mientras Carrillo sostiene que todas sus decisiones están documentadas y que los cuestionamientos obedecen a interpretaciones erróneas, los organismos de control avanzan en la verificación de los hechos para determinar si existieron fallas administrativas, presiones políticas indebidas o un eventual detrimento patrimonial.

Las investigaciones apenas comienzan, pero el caso ya se perfila como uno de los principales focos de control institucional sobre la gestión de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y a la mitigación del riesgo en Colombia.