El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para analizar las denuncias sobre una presunta interferencia de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, en operaciones militares adelantadas en Antioquia y el Valle de Aburrá.

La reunión se dio luego de una investigación revelada por la revista Semana, en la que ocho generales —cinco en servicio activo y tres retirados— señalaron, de manera anónima, haber recibido llamadas y mensajes de la congresista, así como de personas de su entorno, con el objetivo de frenar operativos contra estructuras criminales vinculadas a disidencias de las Farc, en especial las asociadas a alias “Calarcá”.

En contexto: Denuncian a Isabel Cristina Zuleta ante la Corte Suprema por presunta interferencia en operativos militares

Según el informe, los oficiales aseguran que las supuestas gestiones de Zuleta se habrían presentado en medio de acciones contra grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y otras actividades criminales en municipios de Antioquia, Medellín y el Valle de Aburrá.

Uno de los episodios mencionados involucra a un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora, Johan Edisson Giraldo, quien habría escrito por WhatsApp a un general para advertir sobre la presencia de tres personas en un enfrentamiento y pedir que no se cometiera “una equivocación” en su contra.

De acuerdo con los generales citados, la senadora intervenía de manera recurrente para solicitar la suspensión de operaciones contra personas que, según ella y su equipo, eran mineros. Los mandos militares, sin embargo, sostienen que estos grupos tendrían vínculos con estructuras armadas ilegales.

Las denuncias también incluyen un hecho ocurrido en 2023, cuando la hermana de la congresista habría reclamado al Ejército por decisiones operativas tomadas en el municipio de Briceño, Antioquia.

Evaluación en el Ministerio de Defensa

Las quejas ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. El general Juan Carlos Correa, subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, señaló a medios de comunicación que la senadora no hace parte de la línea de mando ni tiene facultades para intervenir en la planeación o ejecución de operaciones militares.

En ese contexto, el ministro Sánchez y la cúpula militar evalúan la veracidad de los señalamientos y las posibles implicaciones institucionales de una eventual injerencia política en decisiones de seguridad.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha informado si de la reunión se derivarán investigaciones formales o medidas disciplinarias adicionales. La senadora Isabel Zuleta tampoco ha emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre el control político y la autonomía operativa de la fuerza pública, en un escenario de alta sensibilidad por la seguridad en varias regiones del país.