Más de diez días después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras sigue sin un ganador presidencial oficial. La demora en la proclamación de resultados ha incrementado la tensión política, alimentado protestas ciudadanas y profundizado la desconfianza entre partidos, instituciones y sectores sociales, en un proceso que permanece bajo observación nacional e internacional.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el retraso obedece a la revisión de miles de actas con inconsistencias que obligaron a activar un escrutinio especial. En los resultados preliminares, Nasry Asfura, del Partido Nacional, mantiene una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mientras que Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, se ubica en el tercer lugar.

El CNE confirmó que un número significativo de actas presenta irregularidades que deben resolverse de manera manual para garantizar la transparencia del proceso. Entre los problemas detectados figuran fallas en la transmisión de datos, errores en el diligenciamiento de formularios y discrepancias entre cifras consignadas.

Este escenario ha obligado a realizar un escrutinio especial sobre más de 2.700 actas, un procedimiento contemplado en la ley electoral hondureña cuando existen dudas sobre la validez de los resultados preliminares.

Más allá de las dificultades técnicas, el calendario electoral también explica la demora. La legislación hondureña otorga al CNE un plazo de hasta 30 días después de los comicios para declarar oficialmente al presidente electo. En este caso, la fecha límite es el 30 de diciembre de 2025.

Esto significa que, aunque la expectativa ciudadana crece con el paso de los días, el órgano electoral aún se encuentra dentro del marco legal para concluir el conteo y certificar los resultados definitivos.

Presión política y protestas ciudadanas

La crisis se ha visto agravada por factores políticos. Una comisión del Congreso Nacional anunció que no validará los resultados electorales, argumentando presuntas violaciones a la libertad del voto y posibles influencias internas y externas sobre el proceso. Esta postura ha elevado la confrontación institucional y ha generado incertidumbre adicional sobre la aceptación de un eventual resultado ajustado.

Tanto Salvador Nasralla como el Partido Libre han pedido un recuento exhaustivo voto por voto, mientras que Asfura ha solicitado que el escrutinio especial sea transmitido públicamente para despejar dudas y garantizar legitimidad.

En Tegucigalpa y otras ciudades, sectores ciudadanos han salido a las calles para exigir rapidez y claridad en el proceso, mientras algunas voces plantean incluso la anulación de las elecciones. Hasta ahora, no se han registrado brotes graves de violencia, aunque el clima de polarización se mantiene.

La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del escrutinio. Misiones de observación de la Unión Europea y la OEA han reiterado la necesidad de respetar los procedimientos legales y completar el proceso con transparencia, recordando que la jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores.

La falta de resultados en Honduras no responde a una sola causa, sino a una combinación de problemas técnicos, exigencias legales y una intensa disputa política. Con el plazo legal corriendo y el escrutinio especial en marcha, el país se enfrenta a días decisivos que definirán no solo al próximo presidente, sino también la credibilidad del sistema electoral en un momento clave para la estabilidad democrática.