La incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, ordenada por un juez estadounidense, abrió un nuevo frente de tensión entre Washington y Caracas. Documentos judiciales divulgados esta semana detallan que la operación fue ejecutada por la Guardia Costera de Estados Unidos con base en una orden de decomiso emitida el 26 de noviembre y vinculada al régimen de sanciones vigente.

Según el Departamento de Justicia, el buque habría sido utilizado para transportar petróleo sancionado dentro de una red que, según Washington, apoya a Hezbolá y a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, ambas catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos. El expediente judicial, de 32 páginas, fue publicado con amplias secciones censuradas.

La Casa Blanca confirmó que el petrolero será trasladado a un puerto estadounidense para avanzar en el proceso de confiscación del crudo. Funcionarios citados por medios estadounidenses señalaron que la nave se dirigirá a Galveston, Texas, y que la tripulación será liberada al llegar a destino. Al momento del abordaje, el buque transportaba alrededor de 1,1 millones de barriles, según registros marítimos, aunque el Gobierno venezolano aseguró que la carga era mayor.

El FBI indicó que la acción se enmarca en la aplicación de sanciones financieras y en el bloqueo del acceso de actores sancionados a mercados y tecnologías estratégicas. De manera paralela, Washington anunció nuevas sanciones contra familiares del presidente Nicolás Maduro y contra navieras vinculadas al transporte de crudo venezolano.

Reacciones y debate jurídico

Caracas calificó la incautación como un acto de “piratería internacional” y denunció un “robo” del petróleo. Desde Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional sostuvo ante el Congreso que la operación representa un golpe económico al Gobierno venezolano.

La Casa Blanca afirmó que el procedimiento se ajusta a la ley estadounidense, mientras expertos advierten que la compatibilidad con el derecho internacional podría ser objeto de controversia, especialmente por tratarse de sanciones unilaterales aplicadas fuera del territorio estadounidense.

El episodio se produce en un contexto de alta presión sobre la economía venezolana, fuertemente dependiente de las exportaciones petroleras, y añade incertidumbre a los flujos de crudo del país. Aun así, continúan operaciones limitadas de la estatal PDVSA junto a empresas extranjeras que cuentan con licencias específicas del Departamento del Tesoro.