La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, fue denunciada penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas interferencias en operativos militares y policiales adelantados en Antioquia contra grupos armados ilegales.

La acción fue presentada por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, con base en testimonios revelados por la revista Semana, en los que generales del Ejército Nacional y de la Policía aseguran haber recibido presiones para frenar o modificar operaciones en distintas zonas del departamento.

Según la denuncia, ocho generales —cinco en servicio activo y tres en retiro— señalaron que la congresista, así como personas de su entorno cercano, los habrían contactado mediante llamadas y mensajes para cuestionar o detener acciones contra estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.

Aunque hasta el momento no existe imputación formal ni decisión judicial en su contra, la Corte Suprema evalúa si los hechos podrían configurar delitos como abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.

La denuncia se suma a otros procesos que cursan contra la senadora en instancias penales, disciplinarias y administrativas, además de una investigación en el Consejo de Estado por una eventual pérdida de investidura.

Los hechos bajo análisis

Uno de los episodios centrales ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango, municipio del norte de Antioquia. De acuerdo con versiones de oficiales, Zuleta habría solicitado la suspensión de un operativo militar contra los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, argumentando que las tropas estaban atacando a mineros. Sin embargo, reportes oficiales indicaron que las personas involucradas portaban armas, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y estaban acompañadas de menores de edad.

Ese operativo dejó como saldo dos soldados muertos, un cabecilla abatido y tres adolescentes armadas que fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El mismo día, según los testimonios, un asesor de la senadora también habría contactado a altos mandos para advertir sobre supuestos abusos contra civiles y pedir cautela en el procedimiento.

La denuncia también incluye cuestionamientos a la actuación de la congresista frente a operativos contra minería ilegal en Amalfi, acciones contra el Clan del Golfo en Briceño y otros procedimientos en Antioquia, en los que Zuleta habría expresado inconformidad con la actuación de la Fuerza Pública.

Otro punto bajo revisión es su presunto rol en el denominado “tarimazo” de julio de 2025, cuando cabecillas de organizaciones criminales fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a un evento público. Las autoridades analizan si la senadora tuvo alguna intervención determinante en esa gestión, pese a no contar con competencias legales ni autorización formal del Inpec.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que las denuncias ya están en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, Alejandro de Bedout calificó los hechos como graves y afirmó que no se puede permitir que congresistas interfieran en las funciones de la Fuerza Pública. En redes sociales sostuvo que, a su juicio, estas actuaciones habrían favorecido a estructuras criminales bajo el discurso de la paz total.

En respuesta, Zuleta ha defendido su actuación señalando que se enmarca en el ejercicio del control político y en la defensa de los derechos humanos. La senadora ha afirmado que siempre ha exigido que las operaciones militares respeten la ley, el principio de distinción y la protección de la población civil, y ha negado haber buscado frenar acciones legítimas de la Fuerza Pública.