La fiscal general Luz Adriana Camargo deberá presentarse este miércoles ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para explicar los retrasos y vacíos en la investigación por la presunta infiltración de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en organismos de inteligencia del Estado.

La diligencia se concentrará en el manejo que la Fiscalía le dio a los 135 dispositivos electrónicos incautados en julio de 2024, cuyo contenido encendió alertas entre altos mandos militares y civiles.

Camargo reconoció que durante 16 meses no hubo avances sustanciales en el análisis de la información extraída de computadores, celulares y discos duros que pertenecerían a alias ‘Calarcá’ y a miembros de su estructura. Ante esa falta de resultados, ordenó una intervención de fondo y abrió cinco líneas de investigación que buscan determinar si hubo cooptación de agentes estatales, riesgos para la seguridad nacional, alianzas ilegales, financiación política ilícita y creación de empresas de vigilancia al servicio de disidencias.

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La revisión también reveló que la fiscal adscrita en Medellín, encargada inicialmente de la investigación, no impulsó las pesquisas pese a que el material ya había sido legalizado por un juez de garantías. Por esa razón, Camargo asignó el caso al delegado contra la Criminalidad Organizada a nivel nacional para reencauzar la indagación.

Tensiones con la Corte y el Congreso

El ambiente se tensó aún más cuando Camargo aplazó su comparecencia del 3 de diciembre argumentando un viaje oficial a La Haya y reuniones con autoridades judiciales europeas. Ese desplazamiento coincidió con la escalada del escándalo y generó molestia en sectores del Congreso y en el alto tribunal, que consideraron insuficientes las explicaciones entregadas hasta ahora sobre el manejo del caso.

A ello se sumaron críticas por la ausencia de avances frente a altos mandos militares como el general Juan Miguel Huertas y al director estratégico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, señalados en los reportes iniciales vinculados a la presunta filtración.

En paralelo, dentro de la propia Fiscalía hubo cuestionamientos al liderazgo en el proceso, mientras otros funcionarios salieron en defensa de Camargo afirmando que la entidad ha mantenido su política de no suspender órdenes de captura o extradición contra jefes de grupos armados, incluso cuando hacen parte de procesos de paz.

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La aparición del nombre de alias ‘Calarcá’ en estos dispositivos y la omisión de imputación por el traslado de un menor en la caravana interceptada han aumentado la presión institucional. El caso también avivó el distanciamiento político entre el Gobierno y la Fiscalía, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro atribuyera la ruptura con Camargo a preocupaciones personales de la fiscal y defendiera avances en los diálogos con esa estructura disidente.

La diligencia ante la Corte este 10 de diciembre se convierte así en un punto clave para esclarecer por qué una investigación considerada de alto impacto para la seguridad del Estado permaneció prácticamente inmóvil durante más de un año.