El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al archivo de la Ley de financiamiento en el Congreso, una iniciativa clave con la que su Gobierno buscaba cerrar un déficit fiscal que, según dijo, requiere nuevas fuentes de ingreso. Para el mandatario, la decisión no responde a argumentos técnicos sino a motivaciones políticas que, en su opinión, favorecen a los sectores más privilegiados del país.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Petro afirmó que el hundimiento de la reforma evidencia “el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”. El jefe de Estado sostuvo que la economía atraviesa un momento favorable y que ciertos grupos empresariales han incrementado sus utilidades “gracias al encarecimiento de la deuda pública”, un mecanismo que, según él, ha transferido “decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”.

El mandatario defendió que la reforma solo exigía que una fracción de esas utilidades retornara al Estado. “Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la Nación, no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”, dijo Petro.

El jefe de estado también lanzó críticas directas a algunos congresistas y advirtió que los efectos económicos de esta decisión empezarán a sentirse de inmediato. En su mensaje insistió en que su Gobierno no permitirá que el peso del ajuste fiscal recaiga sobre las comunidades más vulnerables. “Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos Gobierno no dejaremos que la paguen los pobres”, afirmó.

El respaldo de Benedetti y su advertencia sobre la deuda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a las críticas y alertó sobre las repercusiones del archivo de la reforma. Según dijo, la decisión podría elevar el costo del endeudamiento del país y agravar el riesgo financiero. “Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, más crisis”, señaló.

Benedetti advirtió que un aumento en los intereses impactaría directamente los programas sociales del Ejecutivo: “La política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”.

La iniciativa buscaba obtener recursos por 16,3 billones de pesos para garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación 2026. Su hundimiento obliga al Gobierno a evaluar nuevas alternativas fiscales y abre un escenario de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un momento en el que el Gobierno insiste en que el país no puede aplazar un ajuste estructural.