La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exintegrantes de las antiguas Farc, 21 miembros de la Fuerza Pública y cinco civiles como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.

El anuncio hace parte del Caso 04, que investiga la violencia y el despojo territorial ejercidos por distintos actores armados en esta región durante más de dos décadas. Los imputados tendrán 60 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos.

Según la Sala de Reconocimiento, en el territorio operaron tres patrones macrocriminales:

• la eliminación por prejuicio enemigo,
• el vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento,
• y el control sociocultural y territorial mediante la cooptación de estructuras comunitarias y la restricción de libertades.

En este mismo análisis, la JEP destacó impactos diferenciados sobre pueblos indígenas —Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule— y comunidades afrodescendientes del Urabá y el Bajo Atrato, así como violencias basadas en género atribuidas a exintegrantes de las Farc.

La Sala contrastó 115 informes, 287 expedientes judiciales, 32 testimonios y múltiples ejercicios de diálogo con comunidades, consolidando datos de más de 54.600 víctimas reconocidas.

Los imputados y su rol en las violencias

Entre los exintegrantes de las antiguas Farc figuran alias Isaías Trujillo, Rubén Cano, Víctor Tirado, Rubín Morro, Rigoberto Lozada, Malicia, Yarleison y Leonidas.

En la fuerza pública, la imputación alcanza a generales, coroneles y mandos medios, incluidos el general (r) Alejandro Navas, los mayores generales (r) Edgar Ceballos y Emiro Barrios, y el brigadier general (r) Rito Alejo del Río.

Los cinco civiles imputados son exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba, señalados por la jurisdicción de facilitar y beneficiarse del despojo mediante la compra masiva de predios en contextos de desplazamiento forzado. Entre ellos se encuentran Benito Osorio Villadiego, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Jaime García Exbrayat y Carmelo Esquivia Guzmán.

Uno de los episodios más citados en el auto es el caso Tulapas, donde cerca de 150 familias fueron expulsadas para consolidar una “reserva estratégica” destinada a proyectos agroindustriales.

Masacres, desplazamientos y daños intangibles

La JEP documentó hechos emblemáticos como la masacre de Pueblo Bello (14 de enero de 1990), donde 43 campesinos fueron asesinados en una operación conjunta de paramilitares y miembros de batallones del Ejército.

La Sala también reiteró el impacto profundo que la violencia dejó en miles de víctimas: daños emocionales, psicológicos, morales y comunitarios, rupturas en proyectos de vida y desestructuración de pueblos indígenas y afrodescendientes.

El auto recordó igualmente la tragedia de Bojayá (2002), donde un cilindro bomba lanzado por combatientes de las Farc cayó sobre la iglesia de Bellavista, dejando 98 muertos, entre ellos 48 menores.

Con esta imputación, la JEP avanza en la fase más decisiva del Caso 04. Los comparecientes deberán decidir si reconocen responsabilidad y se someten a sanciones propias, o si por el contrario enfrentan un juicio adversarial dentro del sistema transicional.