La decisión del Congreso de archivar la ley de financiamiento dejó al Gobierno sin una de las piezas centrales para asegurar los ingresos del Presupuesto General de 2026. Tras el revés legislativo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el Ejecutivo evaluará todas las alternativas posibles, incluida la declaración de emergencia económica.

Según Ávila, el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026 estaba condicionado a una ley de financiamiento que aportaría 16,3 billones de pesos. El ministro criticó que, pese a ese aval previo, nueve senadores de la Comisión Tercera hayan frenado la reforma.

“El Congreso había dado un acto de responsabilidad al aprobar un presupuesto que requería esa financiación. Hoy, por cuenta de nueve senadores, se genera una desfinanciación irresponsable del presupuesto del próximo año”, señaló. Para el ministro, esta decisión obliga ahora al Gobierno a tomar medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal y la continuidad de los programas sociales.

Consultado por la posibilidad de declarar una emergencia económica, Ávila respondió que no se descarta ninguna herramienta.“Vamos a analizar todas las medidas necesarias. No vamos a descontar ninguna alternativa para asegurar el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales”.

El ministro recordó que el proyecto buscaba exigir esfuerzos tributarios a patrimonios superiores a 6.000 millones de pesos y al sector financiero, dadas las utilidades actuales. También afirmó que se evaluarán iniciativas alternativas, entre ellas el proyecto de la representante Olga Lucía Velásquez.

La emergencia económica es una facultad excepcional contemplada en la Constitución para enfrentar hechos sobrevinientes que alteren el orden normal. De declararse, el presidente podría expedir decretos con fuerza de ley durante periodos de 30 días, sin superar 90 días en total.

Por ahora, el Gobierno mantiene abierta esa posibilidad mientras revisa cómo reemplazar los ingresos que la ley archivada debía garantizar.