La Fiscalía General de la Nación imputó al excanciller Álvaro Leyva Durán como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en el marco de las presuntas irregularidades en la licitación pública 001-2023 para la fabricación de pasaportes. Según la entidad, el exministro habría abusado de sus funciones al declarar desierto el proceso, pese a que existía un único proponente habilitado.

Durante la diligencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, Leyva rechazó todos los cargos. Desde Madrid, donde compareció de manera virtual, fue enfático: “No acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”. Para la Fiscalía, su actuación habría vulnerado normas de contratación y principios como la economía y la selección objetiva.

La fiscal delegada señaló que el exministro reasumió de manera arbitraria la dirección del proceso contractual, pese a que esa función estaba en cabeza del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, sostuvo que Leyva fue advertido sobre el avance del proceso, pero aun así decidió intervenir para frenar la adjudicación.

Fiscalía expone presuntas irregularidades

En audiencia, la delegada del ente acusador afirmó que Leyva actuó de forma “caprichosa, tozuda y arbitraria”. A juicio de la Fiscalía, la resolución con la que declaró desierta la licitación habría sido emitida en contravía de la Ley 80 de 1993, desconociendo que la propuesta del consorcio UTE-Pasaporte 2023 estaba habilitada en todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.

La imputación incluye el presunto uso indebido del cargo para emitir varios actos administrativos contrarios a derecho, dentro de un proceso cuyo objeto era la personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana.

La defensa del exministro anunció que controvertirá cada uno de los señalamientos durante el proceso judicial.