El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó este viernes a los gobiernos de la región la posibilidad de establecer acuerdos para desarrollar operaciones conjuntas de seguridad ciudadana. La propuesta fue anunciada durante la inauguración de la nueva sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un acto transmitido por los medios oficiales.

Maduro aseguró que Venezuela ha “vencido a todas las bandas criminales” que operaban en el país, incluyendo al Tren de Aragua —catalogado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera—, al Tren del Llano y a estructuras lideradas por Wilexis Acevedo y Carlos Luis Revette, alias el Koki. Según el mandatario, estos resultados permiten ofrecer cooperación a los países vecinos en materia de intercambio de información y acciones coordinadas.

“Hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley”, afirmó, al insistir en que el modelo policial venezolano es “profesional, científico y ejemplar”, y que está disponible para respaldar esfuerzos regionales contra el crimen transnacional y el narcotráfico.

El anuncio ocurre en medio de nuevas tensiones con Estados Unidos. Esta semana, el Departamento del Tesoro sancionó a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, por presuntamente brindar apoyo al Tren de Aragua y mantener una relación con su líder, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Según las autoridades estadounidenses, Araya habría participado en la fuga del cabecilla de la cárcel de Tocorón en 2012.

Las sanciones también alcanzaron a Kenffersso Sevilla, alias el Flipper, capturado en Colombia y señalado como mano derecha de Niño Guerrero, así como a otros presuntos miembros de la organización criminal.

Pese a ello, el Gobierno venezolano ha reiterado en distintas ocasiones que el Tren de Aragua “ya no existe”. El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, llegó a calificar la banda como un “elemento mítico” utilizado, según dijo, para desacreditar al país.

El contexto de seguridad regional coincide con un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, justificado por Washington como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Caracas sostiene que esa presencia representa una “amenaza” orientada a fomentar un cambio de gobierno.