El Gobierno colombiano y el Clan del Golfo alcanzaron este viernes un nuevo acuerdo en Doha (Catar) que marca uno de los avances más significativos desde el inicio de las conversaciones formales en septiembre. Las partes pactaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el traslado progresivo de combatientes en Chocó y Córdoba, como parte de una etapa inicial centrada en la construcción de confianza y el desescalamiento territorial.

Según el documento firmado por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, las ZUT comenzarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y en Tierralta (Córdoba). El acuerdo establece que el proceso de ubicación será “gradual y progresivo” y compromete al Gobierno a brindar garantías de seguridad jurídica y humana para los combatientes, incluidas la suspensión de órdenes de captura y de solicitudes de extradición durante su traslado.

El Ejecutivo también se comprometió a adelantar acciones humanitarias para evaluar las condiciones de salud y dignidad de los integrantes del Clan del Golfo que se encuentran privados de la libertad, tanto en cárceles colombianas como en prisiones del exterior.

En Doha también se ampliaron los compromisos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos. Lo que comenzó en septiembre como un plan piloto en cinco municipios —Mutatá (Antioquia) y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)— ahora se extenderá a diez territorios adicionales.

Se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); además de El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar). Las partes coincidieron en que este componente es clave para reducir economías ilegales que alimentan la violencia en las regiones.

Monitoreo internacional y mensaje a la ciudadanía

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) será la encargada de verificar, monitorear y hacer seguimiento a todos los compromisos adoptados. Tanto el Gobierno como el Clan del Golfo reconocieron el papel de los países mediadores —Catar, España, Noruega y Suiza— que han acompañado las discusiones desde el inicio.

El documento final incluye un llamado a la ciudadanía para “reafirmar la construcción de paz como un objetivo común”, rechazando versiones que sugieren que el proceso se enfoca en revelar información sobre estructuras criminales. Las delegaciones insistieron en que el propósito central es abrir un camino de desescalamiento y transformación territorial en una región afectada por años de violencia organizada.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia y considerado el mayor grupo criminal del país con cerca de 9.000 integrantes, ha sido señalado por su participación en narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes. Las zonas temporales y los compromisos de seguridad buscan desactivar parte de esa capacidad operativa mientras avanzan las conversaciones.

El acuerdo en Doha consolida el segundo paquete de compromisos entre las partes y se presenta como un punto de inflexión en un proceso que aún enfrenta fuertes retos, pero que comienza a tomar forma con acciones concretas en los territorios.