La situación jurídica del representante a la Cámara David Racero tuvo un nuevo capítulo durante una audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. En el proceso, los demandantes aseguraron que el congresista habría incurrido en una “indebida destinación de dineros públicos” al ordenar a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) realizar actividades en un fruver familiar, ajenas a sus funciones.

Según los hechos expuestos, Racero habría asignado en enero de 2021 tareas relacionadas con la atención de un mercado tipo fruver ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá. Tales actividades, registradas por medios de comunicación y citadas en el auto de admisión del proceso, constituirían, a juicio de los demandantes, una desviación del trabajo por el cual dichos funcionarios son contratados por el Congreso.

Durante la diligencia, los solicitantes afirmaron que la prueba recaudada permitiría concluir que Racero sí utilizó su UTL para fines distintos a los legislativos. Por ello pidieron que se decrete la pérdida de investidura, sanción considerada como la “muerte política” de cualquier congresista.

“Al evaluar las pruebas con el rigor que este juicio exige, se advierte con claridad que la sanción no solo está plenamente acreditada, sino que resulta indispensable para proteger la integridad ética del Congreso”, expuso uno de los demandantes, argumentando que la medida es necesaria para preservar la confianza ciudadana en la administración pública.

Sin embargo, el Ministerio Público presentó una postura contraria. El delegado de la Procuraduría advirtió que el elemento objetivo de la causal —la indebida destinación de dineros públicos— no quedó debidamente demostrado, por lo que existirían dudas razonables que impiden la aplicación de la sanción.

Aunque el Ministerio Público reconoció que al menos un funcionario de la UTL sí realizó tareas relacionadas con el negocio familiar de Racero, consideró que ello no prueba que se hubieran desviado recursos estatales para tales actividades. En ese sentido, solicitó que se niegue la pérdida de investidura.

“Estamos frente a un proceso sancionatorio con una consecuencia supremamente grave, porque implica la muerte política definitiva del congresista”, señaló el delegado, insistiendo en que las pruebas no permiten concluir que Racero incurrió en la conducta atribuida.

El Consejo de Estado deberá ahora evaluar los argumentos y pruebas presentadas para determinar si Racero pierde o no su investidura como representante a la Cámara.