A pocos días de cerrar el año, avanzan las acciones judiciales por el polémico proceso de la licitación de pasaportes que salpicó al entonces canciller Álvaro Leyva. La Fiscalía confirmó que el próximo 9 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el exfuncionario, medida que marca un nuevo giro en uno de los conflictos contractuales más sonados del 2023.

Según el ente acusador, Leyva deberá responder por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que tomó decisiones administrativas que contrariaban la ley durante la licitación de $600.000 millones destinada a la fabricación de pasaportes, proceso en el que Thomas Greg & Sons era el único oferente habilitado. La diligencia estará en manos de la magistrada Alejandra Ardila Polo, del Tribunal Superior de Bogotá.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva decidió frenar la licitación aun cuando la unión temporal Thomas Greg & Sons ya tenía a su favor el proceso y venía ejecutando el contrato prorrogado. La orden, que no contó con un estudio técnico previo, dejó en suspenso la adjudicación y abrió un conflicto jurídico que escaló rápidamente.

Tras la suspensión, no se logró una conciliación entre la empresa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que llevó a Thomas Greg & Sons a demandar al Estado. Inicialmente, la cifra reclamada fue de $117.000 millones, aunque estimaciones posteriores advirtieron que las consecuencias podrían ascender a más de $250.000 millones si el litigio avanzaba con sanciones adicionales.

Pese al choque jurídico, el Ministerio prorrogó finalmente el contrato con Thomas Greg & Sons hasta abril de 2026, garantizando la continuidad en la expedición de pasaportes. Sin embargo, las decisiones que llevaron a la crisis del proceso siguen siendo motivo de escrutinio judicial, y ahora será Leyva quien tendrá que explicar ante la justicia por qué ordenó detener una licitación en curso sin justificación técnica ni jurídica suficiente.

El desarrollo de la audiencia del 9 de diciembre marcará el siguiente capítulo en un caso que se ha convertido en referencia sobre los riesgos legales y financieros que puede generar una intervención irregular en procesos de contratación pública.