El sistema táctico de extracción de información móvil CIBER-CASE, adquirido por la Fiscalía en diciembre de 2022, por un valor cercano a los $690 millones de pesos, terminó en manos de Franklin Herrera Suárez, un contratista con vínculos documentados en el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, opositor del Expresidente Rafael Correa, según una investigación de Portafolio. Su rol como proveedor principal de una herramienta utilizada para labores de inteligencia, ha abierto una discusión sobre los controles, la idoneidad y la solidez institucional en la adquisición de tecnología para la seguridad nacional.

De acuerdo a los expedientes judiciales ecuatorianos, Herrera Suárez habría colaborado con agentes de inteligencia de Ecuador en el secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en agosto de 2012. De acuerdo con esos documentos, fue él quien entregó la ubicación precisa del político, un opositor declarado del expresidente Rafael Correa, lo que permitió su interceptación.

Balda había mantenido durante años un enfrentamiento abierto con Correa —marcado por denuncias públicas, disputas judiciales y acusaciones mutuas de persecución— y sostenía que el correísmo buscaba silenciarlo. Balda fue raptado por tres hombres ecuatorianos con la intención de drogarlo y trasladarlo de manera ilegal a su país, pero la Policía colombiana intervino en menos de una hora y detuvo a los responsables, quienes confesaron haber sido contratados por la inteligencia ecuatoriana con fondos públicos.

Este episodio, que incluyó testimonios, registros de pagos por cerca de USD 105.000 y la participación de exagentes de la Policía Nacional, y un exjefe de inteligencia, terminó siendo determinante en el proceso judicial que llevó a la orden de captura contra Rafael Correa como presunto autor intelectual. La participación de Franklin Herrera, señalado por suministrar la información clave para ejecutar el operativo y facilitar la localización de Balda, quedó grabada en el llamado a juicio del expresidente Correa, y estableció un vínculo directo entre él y uno de los casos políticos más controvertidos de la historia reciente de Ecuador.

A este antecedente internacional se suman en Colombia investigaciones por violación ilícita de comunicaciones, hurto por medios informáticos, y una denuncia vigente por presunto lavado de activos ante la Fiscalía 99 Especializada. Portafolio también reveló que Herrera pasó de firmar contratos menores como auditor forense del Ejército —entre $14 y $55 millones entre 2016 y 2019— a convertirse, en menos de tres años, en contratista de confianza de la Fiscalía con contratos de cientos de millones, sin que su trayectoria técnica o empresarial explicara un salto tan abrupto.

¿Pero qué es el CIBER-CASE?

El CIBER-CASE es un sistema táctico de extracción y análisis de información móvil compuesto por dos partes, un maletín rígido que integra varios teléfonos y un software de rastreo desarrollado por la empresa CIBER-TEC, de propiedad de Herrera.

Lo que Portafolio descubrió es que el hardware no corresponde a tecnología especializada ni exclusiva. Está construido con dispositivos básicos y emplea una aplicación comercial llamada G-NetTrack Pro, disponible en Google Play, por cerca de $55.000 pesos colombianos, diseñada para visualizar celdas de telecomunicaciones, sin requerir equipos de inteligencia avanzados. Pese a su sencillez, el sistema fue presentado ante la Fiscalía como una solución táctica de alto nivel.

El proceso de contratación llamó la atención porque la Fiscalía, en el período de Francisco Barbosa, completó todo el trámite en apenas 19 días, utilizando contratación directa bajo el argumento de exclusividad tecnológica. Sin embargo, documentos internos muestran que esa exclusividad era parcial. Herrera solo era propietario del software, mientras que el maletín había sido inventado por un funcionario de la misma Fiscalía en 2020, José Eliécer Mora, quien luego cedió la patente a dos particulares. Estos, a su vez, transfirieron los derechos a F4RNETCELL, una empresa de solo $30 millones de capital, que posteriormente le entregó a CIBER-TEC la representación exclusiva del hardware.

Con la representación del maletín en sus manos y el registro de un software propio, Herrera ensambló ambos componentes y los presentó como un sistema integrado único en el mercado, aun cuando la Fiscalía reconoció que el hardware podía encontrarse “en condiciones similares” en el sector privado. Expertos consultados por Portafolio aseguraron que existen alternativas más robustas, y hasta $150 millones más económicas, por lo que consideran que el CIBER-CASE opera más como un dispositivo artesanal que como una verdadera herramienta de inteligencia sofisticada.

En conjunto, la revelación de Portafolio expone un problema mayor, la infraestructura de inteligencia del Estado terminó dependiendo de un contratista señalado en casos de secuestro político internacional, con investigaciones abiertas en Colombia y sin un respaldo tecnológico verificable. La compra del CIBER-CASE deja abiertas preguntas sobre la capacidad institucional para proteger información crítica y sobre los mecanismos de control que deben garantizar que sistemas de seguridad nacional no terminen en manos de quienes representan un riesgo para la misma seguridad que se busca proteger.