La defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó este pasado jueves una impugnación especial contra la sentencia de segunda instancia que lo condenó a 28 años y tres meses de prisión por su presunta vinculación con el grupo conocido como “Los 12 Apóstoles”. El recurso fue radicado ante el Tribunal Superior de Antioquia por el abogado Jaime Enrique Granados Peña, quien actuó en representación del condenado.

En una carta dirigida al magistrado René Molina Cárdenas, Granados Peña formalizó la impugnación especial contra el fallo emitido por la Sala el 25 de noviembre de 2025. En el escrito, la defensa expresa la intención de promover el recurso dentro del término legal, paso necesario antes de sustentar los argumentos de fondo ante la Corte Suprema de Justicia.

El apoderado explicó a medios que la presentación inicial del recurso es «la manifestación de intención» requerida por la técnica procesal y que, una vez notificado el tribunal, se abre un término de 30 días hábiles para que la defensa sustente formalmente la impugnación.

Fundamentos procesales y sanciones impuestas

La sentencia de segunda instancia declaró a Santiago Uribe penalmente responsable por un concurso de delitos de lesa humanidad y por homicidio agravado, además de concierto para delinquir agravado, conforme a los artículos citados del Código Penal. Al condenado se le impuso pena privativa de libertad, una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 54 meses.

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El Tribunal Superior de Antioquia negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, y advirtió que, una vez la sentencia quede en firme, se procederá a dictar la orden de captura para garantizar el cumplimiento de la condena.

Con la impugnación especial ahora presentada, la Corte Suprema de Justicia será la encargada de estudiar la procedencia del recurso y decidir de fondo en la Sala de Casación Penal. La defensa dispondrá del plazo legal para sustentar los motivos que, a su juicio, ameritan la revisión del fallo.

El proceso continúa su curso judicial y la decisión final de la Corte determinará si la condena se confirma, modifica o si procede un nuevo examen del caso. El asunto sigue bajo estudio por las altas cortes del país.