La delegación del Gobierno que adelanta los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo disidente liderado por alias Walter Mendoza, presentó una denuncia penal contra la precandidata presidencial Claudia López, luego de que esta calificara las mesas de negociación como “un concierto para delinquir”.

El pronunciamiento, firmado en Llorente, Nariño, el pasado 29 de noviembre, sostiene que las afirmaciones de López constituyen señalamientos “irresponsables y calumniosos” que afectan a funcionarios autorizados para conducir el proceso de paz vigente desde junio de 2024.

La acción judicial responde a una declaración de López del 24 de noviembre, en la que exigió el cierre inmediato de todas las mesas de diálogo del Gobierno. Sus palabras se produjeron tras una investigación periodística divulgada por Noticias Caracol, que reveló documentos con supuestos vínculos entre estructuras guerrilleras, altos mandos del Ejército y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia.

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Para la delegación, estas afirmaciones trascienden el debate político y podrían constituir delitos contra la honra, de acuerdo con el Código Penal. En el documento enviado a la Fiscalía, los negociadores señalaron que ninguno de los integrantes de la mesa ha incurrido en actos irregulares y que los acuerdos se han realizado bajo las autorizaciones formales del Ejecutivo.

Llamado a esclarecer presuntos hechos de corrupción

Aunque rechazaron los señalamientos de López, los negociadores solicitaron a la Fiscalía investigar los posibles hechos de corrupción que hayan podido ocurrir alrededor de los procesos de paz, mencionando reportes de prensa y declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro.

Asimismo, enfatizaron que la condición de precandidata presidencial “no habilita a hacer señalamientos sobre delitos que no hemos cometido”, al advertir que este tipo de acusaciones “degrada la calidad del debate electoral”.

En el comunicado también condenaron el asesinato del teniente coronel Rafael Granados en Popayán, ocurrido el 28 de noviembre en un ataque sicarial. Manifestaron solidaridad con la familia del oficial y reiteraron el rechazo a cualquier acción violenta contra la fuerza pública.

El pronunciamiento fue firmado por los delegados Armando Novoa García, Gloria Arias y Parmenio Cuéllar, quienes aseguraron que continuarán cumpliendo las funciones asignadas dentro del marco legal.