La Fiscalía General radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el presunto delito de prevaricato por acción. La investigación señala que el entonces canciller habría expedido varios actos administrativos contrarios a la ley durante el proceso de licitación del contrato de emisión de pasaportes en 2023.

Según el ente acusador, Leyva intervino de forma irregular al declarar desierta la licitación pese a que la empresa Thomas Greg & Sons —única oferente— cumplía los requisitos para la adjudicación. La Fiscalía sostiene que esa decisión carecía de fundamento jurídico y fue acompañada de otros actos administrativos que, en conjunto, constituirían una conducta penalmente reprochable.

El caso ya había tenido consecuencias disciplinarias. En septiembre de 2025, la Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Leyva, argumentando que su actuación vulneró principios esenciales de la contratación pública, como la selección objetiva y la transparencia. Para el órgano de control, la Cancillería actuó por fuera del marco jurídico al desechar la propuesta del oferente habilitado y generar un vacío que afectó la operación estatal.

El origen del conflicto se remonta al debate abierto en 2023 alrededor del contrato de pasaportes. En aquel momento, la Cancillería declaró desierta la licitación tras la objeción pública del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó que solo una empresa pudiera presentarse. La decisión generó una crisis en la expedición del documento y obligó a buscar alternativas, incluida una alianza con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Ese convenio, sin embargo, también terminó siendo cuestionado por la Procuraduría por presuntas irregularidades legales y técnicas.

La situación llevó finalmente a prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons hasta abril de 2026, mientras continúan los procesos judiciales y administrativos relacionados con la fallida licitación y los modelos alternativos que se intentaron implementar.

Con la imputación penal en curso, el Tribunal Superior deberá decidir si acepta la solicitud y programa la audiencia. De avanzar el proceso, Leyva enfrentaría un juicio que podría derivar en sanciones adicionales a la ya impuesta por la Procuraduría, incluidas eventuales responsabilidades patrimoniales. El caso vuelve a poner a prueba los criterios de contratación estatal y abre interrogantes sobre la forma en que se manejaron las decisiones dentro de la Cancillería durante esa etapa.