El Consejo de Estado admitió este 28 de noviembre la segunda demanda que busca anular la personería jurídica del partido Progresistas, colectividad impulsada por la senadora María José Pizarro y aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hace apenas dos meses.
En un auto conocido por este medio, el alto tribunal señaló: “Se admite la demanda de nulidad presentada por los ciudadanos Lucas Durán Hernández y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra del Consejo Nacional Electoral”. La acción cuestiona la resolución 09111 del 3 de septiembre de 2024, mediante la cual el CNE formalizó el reconocimiento e inscripción del movimiento en el Registro Único de Partidos.
Según Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, la resolución incurrió en infracción de norma superior, al desconocer el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011. Esa disposición establece que la fusión o escisión de partidos debe regirse estrictamente por sus estatutos internos. El demandante sostiene que el CNE concedió la personería a Progresistas sin verificar adecuadamente si la separación del MAIS se ajustaba a lo previsto en sus normas internas.
Ortiz también alegó falta de motivación, asegurando que la autoridad electoral omitió hechos relevantes acreditados en el expediente, especialmente relacionados con procesos internos y sancionatorios que involucraban al MAIS. A su juicio, el CNE actuó por fuera de su competencia al otorgar una personería jurídica condicionada, lo cual configuraría una violación del principio de legalidad.
El contexto del caso
El origen del litigio se remonta a la solicitud presentada por María José Pizarro, en calidad de presidenta y representante legal de Progresistas, para obtener el reconocimiento oficial y la inscripción de su colectivo político tras separarse voluntariamente del MAIS.
El Consejo Nacional Electoral ya remitió al Consejo de Estado la constancia de la resolución demandada e informó sobre la situación de los procesos sancionatorios que aún cursan contra el MAIS. Tras revisar requisitos formales y de oportunidad, el alto tribunal decidió admitir la demanda y avanzar hacia el estudio de fondo.
La decisión abre una nueva etapa jurídica que podría definir si la creación de Progresistas se ajustó plenamente a la ley o si la resolución del CNE debe ser anulada.
