La Unión Patriótica (UP) anunció que iniciará acciones legales y no descarta acudir a instancias internacionales, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionara a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por violación de topes y financiación irregular. El partido, que también fue sancionado junto con Colombia Humana por incumplir deberes de control, calificó la decisión como un acto “abiertamente político”.

Según el fallo del CNE, las colectividades que respaldaron la candidatura debieron ejercer mayor vigilancia sobre el manejo financiero de la campaña y reportar presuntas irregularidades. La sanción para Colombia Humana y la Unión Patriótica ascendería a cerca de 583 millones de pesos en la primera vuelta y otros 583 millones en la segunda.

A través de un comunicado, la UP aseguró que el fallo del CNE “vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas”, y afirmó haber cumplido con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, incluida la designación de un auditor para supervisar la campaña.

El partido sostiene que la decisión desconoce el proceso de revisión que realiza el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, encargado de supervisar las cuentas de las campañas y validar el cumplimiento de los topes y aportes permitidos.

“La Unión Patriótica reitera que las decisiones adoptadas por el CNE responden más a una lógica de oposición política que a un verdadero ejercicio de control electoral. Advertimos que este tipo de actuaciones generan un grave precedente para la democracia colombiana”, señaló la colectividad.

El partido anunció que agotará todas las vías legales dentro del país y no descarta llevar el caso ante tribunales internacionales para “defender sus derechos y demostrar su actuar transparente”.

Según la UP, el fallo no tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas y desconoce el contexto jurídico de las responsabilidades asignadas a los partidos en materia de supervisión de campañas.

La sanción del CNE se convierte en la primera decisión administrativa contra los responsables de la financiación de una campaña presidencial en Colombia y mantiene abierta la controversia política y jurídica alrededor del financiamiento de la campaña Petro Presidente 2022.