El Gobierno nacional anunció una nueva estrategia para frenar la entrada y posible producción de fentanilo en el país. Durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, confirmaron que Colombia prohibirá todos los precursores químicos empleados en la fabricación de este opioide sintético, medida que busca evitar su producción, desvío y tráfico.

El ministro Benedetti advirtió que el país no permitirá que organizaciones criminales instalen laboratorios dedicados a la producción de fentanilo, una sustancia responsable de crisis de salud pública en países como Estados Unidos y Canadá.

“Colombia no permitirá la fabricación de fentanilo ni que el país sea utilizado como corredor para exportarlo. Somos aliados de Estados Unidos y de la comunidad internacional en esta lucha”, afirmó.

Por su parte, Idárraga señaló que el Gobierno reforzará los controles sobre precursores químicos para evitar que el país sea utilizado como plataforma del crimen internacional. “No vamos a permitir que en Colombia se instalen cocinas de producción de fentanilo ni que se utilice el país como plataforma para el crimen internacional”, dijo.

Proyecto de ley llegará al Congreso

Los ministros anunciaron que la próxima semana se presentará un proyecto de ley que penalizará el porte, la comercialización y la exportación de fentanilo. La iniciativa pretende cerrar cualquier vacío jurídico que permita la circulación del opioide o de sus derivados en el territorio nacional.

Benedetti enfatizó que la decisión se toma a partir de los graves impactos del consumo de fentanilo en otros países. “Los estragos que está causando esta droga en Canadá, China, Estados Unidos y la Unión Europea son alarmantes; Colombia no puede permitir que se repita esa historia”.

Aunque su uso no es masivo en Colombia, las autoridades registran un aumento de señales de alerta. La Policía reporta que los primeros casos de intoxicación por fentanilo en el país aparecieron en 2021. En 2024 se registraron 5.692 unidades incautadas y, en lo corrido de 2025, menos de mil unidades.

Idárraga aseguró que la medida busca “proteger a los colombianos” y evitar que el país quede expuesto a una eventual ola de producción y distribución interna del potente opioide.