La Fiscalía General de la Nación avanzó formalmente en el proceso penal contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, investigado como uno de los presuntos articuladores del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque el exfuncionario permanece en Nicaragua bajo asilo político y con circular roja de Interpol, el ente acusador radicó el escrito de acusación que da inicio a la fase de juicio en su contra.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el proceso judicial continuará independientemente de si la orden de captura puede hacerse efectiva.
“Se radicó el escrito de acusación contra el exdirector del Dapre Carlos Ramón González. Eso quiere decir que entraríamos a fase de juicio, no obstante que él no se haya presentado”, señaló Camargo.

El caso está en manos de la fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, y del fiscal 11 Delegado, Gabriel Sandoval, junto a un equipo especializado en delitos contra la administración pública.

Acusaciones por coimas, contratos y lavado de activos

La Fiscalía señala a González como presunto autor de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según el escrito, se estableció que en septiembre de 2023, González habría ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar $70.000 millones en contratos a los congresistas Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de apoyo legislativo a proyectos del Gobierno.

El ente acusador afirma además que, ante nuevas exigencias de recursos por parte de los congresistas, González instruyó la entrega de $4.000 millones en efectivo: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle. Ambos exparlamentarios hoy se encuentran detenidos por orden de la Corte Suprema.

La Fiscalía sostiene que González también habría intervenido para evitar la salida de Olmedo López de la dirección de la UNGRD, pese a una suspensión ordenada por la Contraloría, como parte de la negociación política.

La Corte Suprema de Justicia negó recientemente una tutela presentada por la defensa de González, en la que solicitaba tumbar su orden de captura y suspender la circular roja de Interpol. El alto tribunal encontró que no hubo vulneración a derechos fundamentales ni perjuicio irremediable.

“El amparo es improcedente”, estableció la Corte al dejar en firme la medida de aseguramiento.

Con la acusación radicada y la tutela negada, el proceso continuará su curso en ausencia del exdirector del Dapre, quien sigue bajo protección del Gobierno de Nicaragua.