El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este martes una sanción administrativa contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, decisión que marca un precedente en el control de la financiación electoral en Colombia. Con una votación de 6-3, el tribunal concluyó que la campaña incurrió en violación de topes y recibió aportes de fuentes prohibidas durante las dos vueltas presidenciales.

El caso tuvo que ser resuelto por conjueces, luego de que la votación inicial del 13 de noviembre no lograra la mayoría requerida. Para destrabar el proceso fueron designados los abogados Jorge Iván Acuña (propuesto por el Pacto Histórico) y Majer Abushihab (postulado por el ponente de la sanción).

Finalmente, votaron a favor de la ponencia: Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Abushihab. En contra se pronunciaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Acuña.

Las sanciones impuestas

La decisión avalada por el CNE —primera de este tipo contra los responsables de una campaña presidencial en Colombia— establece:

• Multa por alrededor de $6.000 millones a Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol.
• Multas para Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y Lucy Soto, auditora, por la recepción de recursos provenientes de fuentes prohibidas.
• Sanciones a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que rondan los $600 millones.

La ponencia radicada a finales de agosto concluyó que la campaña superó los topes permitidos en más de $3.000 millones, sumando primera y segunda vuelta. También señaló que no fueron reportadas la operación masiva de pagos a testigos electorales ni las donaciones realizadas por Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO).

El CNE reiteró que no podía evaluar la actuación del entonces candidato Gustavo Petro debido a una decisión de la Corte Constitucional, que ordenó abstenerse de adelantar cualquier actuación disciplinaria o administrativa contra él mientras ocupa la Presidencia. Por esa razón, la investigación sobre su conducta —si hubiera lugar— queda en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

A la campaña ‘Petro Presidente’ todavía le queda un recurso, podrá solicitar la nulidad de la sanción ante el Consejo de Estado.