La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud formal de imputación y medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), ambos señalados de participar en la red de sobornos y direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso, que estalló hace más de un año, ahora toca a dos de las figuras más visibles del primer círculo político del gobierno, quienes deberán responder por delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia informaron que la medida solicitada será privativa de la libertad en centro carcelario, una decisión de máxima severidad en procesos contra exfuncionarios de alto rango. La imputación incluye su presunto papel en la operación que permitió dirigir millonarios contratos de la UNGRD a cambio de beneficios políticos.

En junio del año pasado, la Fiscalía ya había anticipado cargos contra Bonilla, tras nuevos testimonios que lo vinculaban con la adjudicación de contratos por 92.000 millones de pesos para favorecer a un grupo de congresistas y facilitar la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

Velasco, por su parte, ejerció brevemente como director encargado de la entidad en 2023, y su nombre aparece en las declaraciones de implicados que describen el funcionamiento de la red.

El origen del escándalo

El caso tomó fuerza con las revelaciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla —hoy condenado—, quienes describieron el pago de millonarias coimas a congresistas en 2023. Las declaraciones también vincularon a la entonces asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, cuyas pruebas resultaron determinantes para avanzar en la imputación contra Bonilla.

Desde febrero del año pasado, las investigaciones se han extendido a altos funcionarios, expresidentes del Senado y la Cámara, y a operadores políticos que habrían participado en el entramado de corrupción. Varios de ellos ya enfrentan procesos avanzados ante la Corte Suprema de Justicia.

La imputación contra dos exministros estrechamente vinculados al proyecto de Gustavo Petro profundiza la presión sobre el Ejecutivo, que enfrenta un creciente deterioro en su agenda de gobernabilidad.

El avance de la investigación confirma que la UNGRD se mantiene como el epicentro del mayor caso de corrupción registrado en esta administración, con ramificaciones políticas que aún están por esclarecerse mientras la Fiscalía continúa examinando la ruta de los recursos desviados.