El presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Alejandro Carranza, solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia que calificó como “uso desmedido” sus alocuciones presidenciales y que otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de controlarlas e incluso interrumpirlas en tiempo real.

La petición, presentada en un recurso de segunda instancia, cuestiona que un órgano administrativo pueda decidir si el jefe de Estado puede dirigirse al país, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo. Según el documento, la sentencia de tutela transformó a la CRC en un “tribunal de alocuciones presidenciales”, algo que, a juicio del Gobierno, va más allá de su mandato técnico.

El fallo de primera instancia se originó en una acción presentada por varios ciudadanos que argumentaron que, desde febrero de 2025, las frecuentes alocuciones del presidente interrumpían reiteradamente la programación de televisión, afectando el derecho a la información y desdibujando el propósito de estas intervenciones, reservadas para asuntos urgentes de interés público. El Consejo de Estado les dio la razón y ordenó que cada alocución cumpliera con criterios de justificación, excepcionalidad y límites de contenido y duración. Además, instruyó a la CRC a verificar esos parámetros y, si fuese necesario, impedir su transmisión.

En su recurso, Carranza plantea que la sentencia impone un “filtro administrativo” incompatible con la Constitución de 1991 y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que otorga a una autoridad regulatoria la capacidad de “apagar” la comunicación presidencial sin criterios objetivos. El abogado sostiene que esta intervención afecta la capacidad del presidente para explicar decisiones de gobierno, justificar sus políticas o advertir a la población sobre situaciones urgentes.

El escrito también advierte que el fallo podría desencadenar un “efecto cascada”, en el que distintos despachos judiciales terminen regulando aspectos como la frecuencia, la duración o incluso el tono de las intervenciones del mandatario, lo que, según la defensa, alteraría la gobernabilidad y reconfiguraría competencias sin debate legislativo previo. El recurso insiste en que cualquier limitación al uso de alocuciones debe ser producto de normas claras discutidas en el Congreso, no de decisiones judiciales puntuales.

Finalmente, el presidente propone reemplazar la parte resolutiva del fallo por un esquema de responsabilidad judicial y política que permita controlar eventuales abusos, sin delegar en la CRC un rol que, según Petro, vulneraría la libertad de expresión institucional y excedería el alcance de la regulación en medios y comunicaciones.