La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos tras confirmar que Juliana Guerrero, entonces secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, utilizó aeronaves de la Policía Nacional para desplazamientos que no estaban relacionados con sus funciones oficiales. El organismo concluyó que los viajes fueron autorizados y ejecutados sin justificación misional, vulnerando los términos del convenio interinstitucional vigente y generando un perjuicio al patrimonio público.

El informe de la Contraloría, sustentado en las verificaciones del Convenio 400-2025 entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, determinó que las aeronaves oficiales fueron empleadas los días 19 y 20 de junio de 2025 en las rutas Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar.

El órgano de control estableció que el viaje tuvo como único objetivo permitir la asistencia de Guerrero a la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en su calidad de delegada del presidente Gustavo Petro. La actividad, sin embargo, no estaba relacionada con las funciones del Ministerio del Interior ni con las tareas autorizadas para los vuelos institucionales, que se circunscriben a operaciones misionales y de seguridad.

Los registros de vuelo muestran que Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, aterrizaron en Valledupar el 19 de junio en un avión PNC-0242, y al día siguiente abordaron un helicóptero Bell 212 PNC-0495 hacia Aguachica para asistir a la reunión universitaria. Ese mismo día regresaron a Valledupar en la misma aeronave.

Hallazgo fiscal y advertencias del órgano de control

La Contraloría señaló que el gasto en combustible para los vuelos ascendió a $213.548.069, cifra que configura una “mengua del patrimonio público” producto de una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”. El documento enfatiza que el Ministerio del Interior autorizó un uso irregular de recursos operativos de alta sensibilidad, sin sustento técnico ni administrativo.

Además, el informe detectó que los desplazamientos fueron autorizados bajo la figura de una supuesta “misión secreta”, presentada por la funcionaria, pese a que el itinerario respondía a actividades internas de la UPC y a maniobras para incidir en decisiones estatutarias del centro educativo. La revista Cambio había revelado previamente que en los vuelos también participaron personas ajenas a cualquier misión institucional, entre ellos asesores y allegados del entorno político de las hermanas Guerrero.

Consultado por Cambio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que autorizó el vuelo bajo la premisa de que se trataba de una operación reservada de interés nacional. “Ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta… Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad”, señaló. El ministro reconoció que la funcionaria no tenía facultad para solicitar aeronaves y que el caso debía ser investigado.

La Contraloría remitió el hallazgo a la Procuraduría para que determine si existen faltas disciplinarias tanto de la exfuncionaria como de quienes autorizaron la operación aérea.

La decisión incrementa el escrutinio institucional sobre el manejo de recursos en el Ministerio del Interior y prolonga la polémica que se inició tras las primeras revelaciones periodísticas.