La Fiscalía General radicará este miércoles 26 de noviembre la imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras concluir que existen elementos suficientes para vincularlo formalmente al entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue confirmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien señaló que la diligencia quedará en manos de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

Las acusaciones contra Bonilla se derivan de hechos ocurridos en 2023, cuando, según la investigación, habría intervenido en gestiones para direccionar proyectos a congresistas con el fin de asegurar votos favorables en discusiones clave para el Gobierno, particularmente en lo relacionado con cupos indicativos y decisiones presupuestales.

El caso gira en torno a tres contratos por aproximadamente $92.000 millones, destinados a obras en Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Aunque los recursos no llegaron a ejecutarse, la Fiscalía sostiene que hubo interés indebido del exministro en su trámite, lo que constituye indicios suficientes para imputarle los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación tomó un giro determinante tras el acuerdo de principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien aceptó colaborar con la justicia. En su declaración, Benavides aseguró que actuó como enlace entre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD para facilitar el direccionamiento de los contratos y afirmó haber recibido presiones directas del exministro para autorizar desembolsos hacia la entidad.

Según su testimonio, las gestiones buscaban favorecer a seis congresistas interesados en la aprobación de créditos internacionales para el país. Benavides también dijo sentirse “usada” por Bonilla y relató que el exministro aprovechó su posición para impulsar decisiones administrativas que ella consideraba irregulares.

Testimonios clave y posible responsabilidad política

Además de Benavides, el exdirector de la UNGRD Olmedo López ha señalado a Bonilla en sus declaraciones ante la Fiscalía, apuntando a que el exministro habría participado en reuniones y acuerdos destinados a asegurar la aprobación legislativa de proyectos del Gobierno.

Los expedientes incluyen referencias al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, quienes, según el testimonio de Benavides, habrían intervenido en conversaciones alrededor de estos contratos. La Fiscalía no ha anunciado decisiones frente a ellos.

Por ahora, la entidad no solicitará medida de aseguramiento contra Bonilla. La audiencia de imputación tendrá lugar ante el Tribunal Superior de Bogotá, por su fuero como exministro de Estado.

Esta imputación se convierte en uno de los movimientos más relevantes dentro del macroproceso por corrupción en la UNGRD, que también ha involucrado a exfuncionarios, asesores y contratistas. El caso continúa avanzando con nuevas revelaciones y decisiones judiciales que siguen ampliando el alcance de la investigación.

La Fiscalía insiste en que el entramado de contratos estaba diseñado para direccionar recursos destinados a obras de mitigación y prevención de desastres, pero que terminaron vinculados a presuntas negociaciones políticas.

La defensa de Ricardo Bonilla ha reiterado su inocencia y ha asegurado que responderá ante la justicia con las pruebas necesarias para desvirtuar los señalamientos.