La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó abrir una investigación formal contra el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, tras las revelaciones que apuntan a posibles contactos entre el oficial y las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. La Procuraduría también inició una indagación preliminar para determinar si hubo faltas disciplinarias y compulsó copias a la Corte Suprema.

El punto de partida del escándalo son los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá el 23 de julio de 2024. Noticias Caracol reveló una parte del contenido, que incluye mensajes, fotografías y documentos que sugerirían acercamientos de militares y funcionarios de inteligencia con esa estructura ilegal. Entre los registros figura una carta de 2024 en la que un emisario de la disidencia afirma haberse reunido en Bogotá con Huertas —entonces retirado del servicio— para discutir la creación de una empresa de seguridad fachada en caso de que fracasaran los diálogos de paz con el Gobierno.

La Fiscalía sostuvo que, desde la incautación, una delegada en Medellín ha avanzado de forma autónoma en un proceso que ya dejó 28 disidentes judicializados, incluidos integrantes del frente 36. Sin embargo, Camargo afirmó que su despacho no recibió información completa sobre el material revelado por los medios y ordenó reorientar la investigación para verificar su autenticidad, su origen y su eventual conexión con agentes estatales.

El general Huertas, por su parte, negó la validez de los archivos y aseguró que “no tienen soporte ni verificación de las autoridades competentes”. El presidente Gustavo Petro respaldó su postura, calificando el contenido como una “fabricación malintencionada” destinada a afectar el honor del oficial y asegurando que las versiones reveladas son falsas y promovidas por intereses externos.

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Indicios de infiltración y posible filtración de inteligencia

La Fiscalía advirtió que el material incautado plantea preocupaciones de seguridad nacional, al apuntar a una eventual cooptación de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Ejército. Según la institución, habría evidencias de ofrecimientos de protección, datos sobre operaciones militares y apoyo logístico a la disidencia de Calarcá.

En respuesta, Camargo ordenó intervenir de inmediato la línea investigativa encargada de esclarecer si funcionarios públicos entregaron información reservada o facilitaron la creación de empresas de vigilancia utilizadas como fachada por grupos armados. El delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González, fue enviado a Medellín para coordinar esta verificación con un equipo especializado.

Pese a la gravedad de los hallazgos, la fiscal no abrió un expediente específico por la presunta filtración de documentos de inteligencia a grupos ilegales, un hecho que podría configurar delitos como revelación de secreto o incluso traición a la patria. La Fiscalía aclaró que antes debe establecer la autenticidad y el nivel de confirmación del material.

Procuraduría activa control disciplinario

Mientras el proceso penal avanza, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Huertas y contra Wilmar Mejía, funcionario de la DNI mencionado en los mensajes y señalado por presuntamente ofrecer información sensible a Calarcá. El organismo de control ordenó recaudar pruebas en el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fiscalía para determinar si se cometieron faltas disciplinarias.

El procurador general, Gregorio Eljach, calificó los señalamientos como “muy preocupantes” y aseguró que requieren ser abordados con seriedad y credibilidad para esclarecer si hubo colaboración entre autoridades y estructuras criminales.

El caso sigue escalando y abre un nuevo capítulo de tensiones institucionales alrededor de las disidencias, el aparato militar y los órganos de inteligencia, mientras se intenta establecer si hubo infiltración, omisiones o vínculos directos con organizaciones armadas ilegales.