El presidente Gustavo Petro negó la existencia de informes de inteligencia que lo vinculen a presuntas infiltraciones de disidencias de las Farc en organismos estatales, y aseguró que detrás de estas versiones hay una maniobra para desplazar a funcionarios que han denunciado actos de corrupción dentro de las fuerzas militares.

El pronunciamiento del mandatario surge luego de que una investigación periodística revelara conversaciones que involucrarían a mandos del Ejército y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con la estructura de alias Calarcá.

En contexto: Archivos de alias «Calarcá» revelan presuntos nexos entre disidencias de las FARC y funcionarios del Gobierno Petro

El mandatario afirmó que las versiones conocidas en las últimas horas, y que atribuyen a altos mandos la entrega de información sensible a grupos armados ilegales, no corresponden a informes oficiales. “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos”, publicó Petro en su cuenta de X.

Aseguró que el trasfondo de estas filtraciones sería un intento por sacar del camino a quienes han colaborado en identificar redes de corrupción en el interior de la Fuerza Pública. Según el presidente, esas estructuras han facilitado desde años atrás la sustracción de armamento y la expedición de permisos para crear compañías de seguridad usadas, presuntamente, como fachada por organizaciones criminales.

Petro culpó al gobierno anterior de haber permitido la entrega masiva de autorizaciones para operar este tipo de empresas, esquema que —según afirmó— fue frenado durante su mandato. “Son miles de millones de pesos en sobornos que se detuvieron”, señaló al insistir en que las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en los tiempos establecidos para evitar manipulaciones políticas.

El contexto de las revelaciones y la tensión institucional

La investigación de Noticias Caracol divulgó mensajes en los que se menciona al general Juan Manuel Huertas, al funcionario Wilmar Mejía y a integrantes de la disidencia liderada por alias Calarcá. El reporte sostiene que estas comunicaciones habrían servido para planear la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal, lo que permitiría transportar a miembros del grupo armado en vehículos blindados y utilizar armas con permisos oficiales.

Las conversaciones salieron a la luz tras la incautación de dispositivos electrónicos en una operación militar realizada en 2024, en la que fue capturado Calarcá y posteriormente liberado para continuar su papel como mediador en diálogos con el Gobierno. La Fiscalía confirmó que los contenidos están siendo analizados desde el día de su incautación.

El jefe de Estado pidió cortar cualquier vínculo entre oficiales y estructuras ilegales, recordando que la contrainteligencia debe orientarse a detectar actos de corrupción y no a ser utilizada para disputas políticas. “Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”, aseguró.

El caso se desarrolla en un momento de presión internacional y tensiones internas por la política de seguridad del Gobierno, mientras continúan las investigaciones sobre los posibles alcances de la red entre militares y disidencias.