La vicepresidenta Francia Márquez rechazó de manera enérgica las acusaciones de que habría servido de intermediaria en supuestos acuerdos entre disidencias de las Farc y la campaña presidencial de 2022, tras la difusión de chats atribuidos a integrantes de esos grupos. Márquez calificó las versiones como “nuevas infamias” y exigió que quien afirma lo contrario presente pruebas ante la justicia.

En un comunicado oficial, la funcionaria sostuvo que no hay “prueba fehaciente” que vincule su nombre con estructuras criminales y aseguró que lo divulgado se basa en un mensaje atribuido a un delincuente que, dijo, usó su nombre para otorgarse importancia. “Jamás en la vida he visto a ese personaje”, afirmó la vicepresidenta y reiteró: “Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales”.

Márquez también llamó a los medios y a los analistas a verificar la información antes de publicarla y pidió no convertir rumores en titulares. En la declaración defendió la transparencia de su campaña y pidió que las afirmaciones se lleven a la justicia si se intentan probar.

El origen de las revelaciones

Las conversaciones fueron divulgadas en un informe de Noticias Caracol que, según el medio, incluye diálogos entre miembros de disidencias atribuidas a alias “Calarcá” y otros jefes regionales. En uno de los extractos citados, uno de los participantes señala que “todo se hizo a través de Francia Márquez”, mientras que otro mensaje alude a pruebas que, a su vez, podrían afectar al presidente Gustavo Petro.

El informe periodístico señala que las conversaciones salieron a la luz tras cambios en los mandos de las disidencias, cuando un comandante entregó mensajes a su sucesor. Entre los nombres que han circulado en relación con los acercamientos figura Lisifrey Ararat, señalado como vinculado a círculos cercanos a la vicepresidenta, información que hasta ahora no ha sido corroborada públicamente por autoridades judiciales.

La Vicepresidencia pidió que las acusaciones se contrasten con fuentes confiables y advirtió sobre el daño a la integridad y reputación que generan esas versiones sin pruebas. Por su parte, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento concluyente sobre la veracidad de los chats.

El caso sigue en atención de la opinión pública y a la espera de determinaciones judiciales y administrativas que aclaren si los materiales presentados constituyen evidencia verificable o meros señalamientos.