Una investigación de Noticias Caracol volvió a poner bajo presión al Gobierno de Gustavo Petro, tras revelar documentos y comunicaciones que apuntarían a una infiltración de las disidencias de las Farc en entidades críticas de seguridad del Estado. El material, extraído de computadores y celulares incautados el 23 de julio de 2024 a siete jefes disidentes en un retén militar en Anorí, Antioquia, incluye correos, informes, conversaciones y registros internos que comprometerían a altos funcionarios.

Los hallazgos, que reposan desde entonces en manos de la Fiscalía, describen contactos con militares activos, funcionarios de inteligencia y operadores cercanos al Ejecutivo, lo que abre un flanco de cuestionamientos institucionales que aún no ha sido aclarado por las autoridades competentes.

Uno de los documentos más sensibles es un correo fechado el 8 de febrero de 2024 en el que Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes, recibe un reporte detallado desde Bogotá. Allí se describe un encuentro con el general retirado Juan Miguel Huertas, quien, ya reintegrado al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército, habría propuesto crear una empresa de seguridad de fachada para facilitar la movilidad de integrantes del grupo armado en vehículos blindados y con permisos de porte de armas.

Según el informe revelado, la iniciativa funcionaría bajo un esquema “mitad y mitad”: Huertas gestionaría licencias y cobertura legal; las disidencias aportarían hombres y armamento. El reporte asegura además que el oficial habría ofrecido acompañar desplazamientos para evitar controles militares y apoyarse en su “vínculo con el presidente” para garantizar el tránsito sin restricciones.

Noticias Caracol recordó que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces comandante Eduardo Zapateiro, pero meses después se sumó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien lo reintegró al servicio activo el 6 de agosto de 2024.

El archivo también menciona a Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalado de participar en reuniones con disidentes, intervenir en movimientos internos de personal y planear viajes a Venezuela con Huertas para verificar la muerte de un guerrillero.

Reuniones en Bogotá y menciones a la campaña presidencial

Un testimonio de un miembro de las disidencias refuerza el contenido de los documentos, asegura que Huertas, Mejía y otros oficiales participaron en reuniones en Bogotá con representantes de estructuras armadas para discutir presupuestos, licencias de armamento y la creación de la empresa fachada. El relato también menciona un presunto pacto de no agresión en territorios como Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, para lo cual —según la versión— habrían sido entregados códigos de radio y contactos reservados de uso militar.

La investigación incluye además chats entre alias ‘Iván Mordisco’ y otros mandos del Estado Mayor Central, en los que se insinúa un supuesto apoyo de la guerrilla a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En esas conversaciones aparece mencionada la vicepresidenta Francia Márquez, a quien se señala de haber servido como canal de comunicación, aunque sin detallar circunstancias ni fechas.

Este punto conecta con afirmaciones hechas por el propio Mordisco en marzo de 2024, cuando acusó al presidente de “traicionar” a su organización tras haberlos apoyado en campaña, una declaración que reavivó polémicas dentro del escenario político.

Por ahora, la Fiscalía —que posee todo el material incautado— no ha informado avances sobre una investigación formal. El día de la captura de los jefes disidentes, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó su liberación por su condición de gestores de paz, decisión que hoy vuelve a ser objeto de debate a la luz de estos documentos.