El futuro de la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás volvió a quedar en el aire tras la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín, que abrió un incidente de desacato contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, por no garantizar los recursos ordenados para su realización. La medida responde al incumplimiento de un fallo derivado de una acción interpuesta por ocho alcaldes del Oriente antioqueño y por el gobernador Andrés Julián Rendón.

La orden judicial exigía al Ministerio de Hacienda entregar los dineros necesarios para realizar la consulta en un plazo de dos días desde la notificación. Sin embargo, el trámite no se cumplió y la consulta, prevista inicialmente para el 9 de noviembre, tuvo que ser suspendida al no instalarse los puestos de votación en los ocho municipios del Oriente antioqueño.

El incidente de desacato señala que, de persistir el incumplimiento, el ministro Ávila podría enfrentar una multa de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes —equivalente a 28.470.000 pesos— y un arresto de hasta seis meses, de acuerdo con los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

La controversia tomó fuerza nuevamente luego de que el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, advirtiera que el proceso sigue detenido por la falta de respaldo del Gobierno Nacional para cumplir los mandatos judiciales. Según Prieto, la consulta es clave para definir la figura administrativa del Valle de San Nicolás y avanzar en decisiones regionales sobre movilidad, medio ambiente y desarrollo.

El gobernador Andrés Julián Rendón también reaccionó a través de sus redes sociales, enviando un mensaje directo al ministro. “Ministro Ávila, deje de dilatar y entorpecer este proceso democrático. Permita que la ciudadanía decida el destino de sus territorios, así como lo hicieron con el partido de gobierno para la elección de su candidato presidencial”.

El juzgado reiteró que el incumplimiento de la orden judicial no solo afecta el cronograma previsto, sino que prolonga la incertidumbre sobre un proyecto que ha generado posiciones divididas entre autoridades locales, comunidades y el Gobierno Nacional. La consulta continúa sin fecha reprogramada mientras se espera que el ministro responda antes del plazo fijado.

Si no hay cumplimiento antes del lunes, Germán Ávila enfrentaría las sanciones establecidas y la decisión podría reconfigurar el rumbo del proceso, que hoy permanece en vilo a la espera de los recursos ordenados por la justicia.