La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la suspensión e inhabilidad especial por seis meses contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su intervención indebida en la campaña presidencial de 2022. La decisión, firmada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, se convierte ahora en un caso de revisión automática ante el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre la validez de la sanción.

El proceso disciplinario surgió a partir de un video publicado por Quintero en mayo de 2022, en el que aparece manipulando la palanca de cambios de su camioneta acompañado de la frase “El cambio en primera”, un lema ampliamente asociado con la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Para la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, ese mensaje constituyó una expresión política velada que vulneró la obligación de neutralidad de los servidores públicos durante un proceso electoral.

El fallo sostiene que el exalcalde actuó de manera dolosa, “plenamente consciente” de la carga simbólica del mensaje en un momento de alta sensibilidad política. Según la Procuraduría, esa conducta representó un apoyo indirecto al Pacto Histórico y alteró el principio de imparcialidad exigido a quienes ejercen cargos de elección popular.

Pese a la ratificación, la ejecución de la sanción queda suspendida mientras el Consejo de Estado define si mantiene o revoca la decisión disciplinaria. La corporación tendrá a su cargo evaluar si se vulneraron derechos políticos o si la sanción es proporcional dentro del marco constitucional.

Reacciones y cuestionamientos sobre el estándar de justicia

Luego de conocer el fallo, Quintero expresó su rechazo a través de X, señalando que la sanción por el mensaje del “Cambio en Primera” revela, a su juicio, un doble rasero en la aplicación de las normas disciplinarias. En particular, cuestionó si figuras opositoras recibirían el mismo tratamiento. “¿Fico, que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno, recibirá el mismo trato?”, escribió.

El exalcalde confirmó que apelará ante el Consejo de Estado y afirmó que acatará la decisión final si la pierde, pero insistió en que su preocupación es la supuesta desigualdad en la administración de justicia. Su defensa reiterará que el mensaje no constituía una participación directa en política.

La decisión de la Procuraduría se suma a otros procesos que avanzan en instancias judiciales y de control, entre ellos la investigación por el caso Aguas Vivas. En ese contexto, el fallo tiene implicaciones políticas inmediatas, mientras se mantiene suspendida la ejecución, la discusión sobre la neutralidad electoral, los límites disciplinarios y el futuro político de Quintero vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.