La Procuraduría General de la Nación abrió juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y cinco exfuncionarios de su administración por presuntas irregularidades en la modificación del uso del suelo en el Parque Ambiental Valle del Software – Aguas Vivas, uno de los proyectos urbanos más controvertidos de su administración. El órgano de control calificó las presuntas faltas como “extremadamente graves”, cometidas a título de dolo.

De acuerdo con la Procuraduría, la administración de Quintero habría excedido su potestad reglamentaria al expedir el Decreto 412 de 2023, en el que se introdujeron usos del suelo y actividades que contradecían lo aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín. Según la entidad, el decreto asignó aprovechamientos urbanísticos, índices de ocupación y normas de altura que no podía modificar la Alcaldía, atribuyéndose competencias que corresponden al Concejo Distrital.

El Ministerio Público señaló que Quintero “otorgó aprovechamientos urbanísticos a un área definida por el POT como espacio público proyectado, permitiendo la intervención de zonas catalogadas como suelo de protección y habilitando usos prohibidos por el Acuerdo 48 de 2014 para el Ecoparque Las Palmas”. En su concepto, estas decisiones habrían favorecido la construcción de equipamientos y hospedaje en predios públicos y privados ubicados en áreas protegidas.

La investigación disciplinaria también cobija a Jasblleidys Pirazán García (Planeación), Mauricio Valencia Escobar (Desarrollo Económico), Juan David Agudelo Restrepo (Educación), Rivier Hernando Gómez Cuevas (Innovación Digital) y Fabio Andrés García Trujillo (Secretaría General). Todos deberán responder por su presunta participación en las decisiones que modificaron el uso del suelo en la zona destinada al proyecto Aguas Vivas.

La formulación del pliego de cargos corresponde a la etapa previa al juicio disciplinario y se sustenta en una investigación iniciada a raíz de un informe oficial recibido en 2022, sobre hechos que habrían ocurrido durante la vigencia de 2023. La Procuraduría determinó que existen méritos para avanzar hacia el juzgamiento y anunció que el expediente será remitido a las Delegadas de Juzgamiento Disciplinario en un plazo de tres días, una vez se complete la notificación a los implicados.

La decisión se conoce en paralelo a otro frente judicial, este viernes, la Fiscalía tiene prevista la audiencia de acusación en el proceso penal que también involucra a Quintero por actuaciones relacionadas con el proyecto Aguas Vivas, lo que incrementa la presión jurídica sobre el exalcalde en torno a uno de los capítulos más cuestionados de su administración.