El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió en el Congreso la operación militar en Guaviare en la que murieron varios menores de edad, señalando que aunque existían indicios de reclutamiento forzado en la zona, no había certeza de su presencia al momento del bombardeo. Sus declaraciones se dieron durante un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Sánchez afirmó que la inteligencia militar había reportado señales de presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales, pero que la verificación absoluta era imposible antes de la operación. “La probabilidad era alta, pero la certeza de si estaban o no, no la había”, indicó, insistiendo en que la única forma de confirmarlo sería ingresando físicamente al campamento, algo que describió como inviable en medio del combate.

El ministro sostuvo que la operación cumplió con los estándares jurídicos aplicables y aseguró que los bombardeos son utilizados de manera excepcional. Según su balance, durante el actual gobierno se han realizado 1.404 combates contra estructuras ilegales y solo en 13 se ha recurrido a este tipo de ataques aéreos.

Sánchez también señaló que existe una distancia entre la planificación y lo que se encuentra en terreno, destacando que los grupos armados mezclan menores y adultos en los campamentos. Frente a las críticas, afirmó que las Fuerzas Militares actúan “dentro del marco legal” y utilizando las herramientas autorizadas por el Estado.

El debate dejó abiertas interrogantes sobre el alcance de las operaciones militares y los mecanismos de protección de la niñez reclutada, en un contexto en el que los choques armados continúan generando tensiones entre seguridad, legalidad y derechos humanos.